En plena batalla por el liderazgo del centro-derecha, el PP y Ciudadanos extreman su presión a Pedro Sánchez para que aplique mano dura en Cataluña. A raíz de las últimas declaraciones del presidente Quim Torra, en las que llamó a «atacar el Estado injusto», los dos partidos dieron ayer un paso más. La formación naranja ya defiende a las claras la reactivación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Los conservadores son algo más cautos: reclaman medidas «desde ya» para «frenar» a Torra. De lo contrario, avisan, abogarán por volver a poner en práctica la suspensión de la autonomía.

Pero el Gobierno, de momento, no quiere avivar la confrontación con la Generalitat. Desde que llegó a la Moncloa, uno de los propósitos de Sánchez, que el pasado otoño pactó con Mariano Rajoy la puesta en práctica por vez primera del 155, pasa por no alimentar la crisis territorial a través de un continuo cruce de declaraciones. «Con una frase inaceptable no se ataca al Estado», dijo el domingo la vicepresidenta, Carmen Calvo, en referencia a las palabras de Torra, pronunciadas tras visitar al exconsejero Joaquim Forn en la prisión de Lledoners. «El Gobierno sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales. Y, dicho esto, a las derechas españolas, que están absolutamente en un discurso radical inentendible, les pediríamos que le hagan oposición al Gobierno, pero que no le hagan oposición a España», continuó Calvo, pidiendo lealtad a PP y Cs.

EL REQUERIMIENTO / Pero los partidos de Pablo Casado y Albert Rivera insisten en acusar al Gobierno de tibieza frente al independentismo. El líder naranja abogó, durante una entrevista en Cope, por hacer un requerimiento formal a Torra para que «acate la legalidad». Esta iniciativa sería el primer paso para la aplicación del 155. «Lo que le pediría a Sánchez es que no se equivoque de aliados, porque los adversarios políticos son los nacionalistas», dijo Rivera. «Hay que recordar que el 155 es política. Cuando lo aplicamos el año pasado se demostró que podía haber un consenso, y que puede ser un 155 sobre algunas competencias como la política exterior y sobre cómo se gestionan los Mossos d’Esquadra», señaló el líder de Ciudadanos, en una tesis sobre la que abundó después su número dos, José Manuel Villegas. La actitud del jefe del Ejecutivo, según Villegas, consiste en «mirar a otro lado».

Pero el pasado año, recuerdan fuentes del Gobierno socialista, la suspensión de la autonomía se llevó a cabo después de varias rupturas claras de la legalidad, como la celebración del referéndum sobre la independencia del 1 de octubre y la aprobación de las leyes de desconexión por parte del Parlament. La situación ahora «es distinta», señalan en la Moncloa. En un síntoma de los nuevos tiempos, Sánchez se reunirá el próximo otoño con Torra en Barcelona.

Desde el PP, su presidente, Pablo Casado, no llega tan lejos como Ciudadanos, pero advierte de que le costará poco ocupar el mismo lugar. «O el Gobierno de España pone freno a estas cuestiones, o el PP solicitará la activación del 155 y, además, pudiendo ofrecer los votos en el Senado suficientes para que entre en vigor», dijo Casado, en referencia al reparto de escaños en la Cámara alta, donde los conservadores tienen mayoría absoluta.

La idea de volver a poner en práctica la suspensión de competencias catalanes, explicó Casado, ya fue abordada en la reunión que mantuvo hace unas semanas con Sánchez en la Moncloa.