El PP y Ciudadanos no le van a facilitar el camino al Gobierno para poder exhumar a Franco y tratar de que sus restos no acaben en la cripta de la Catedral de Almudena. De hecho, en la tarde de este lunes ambos partidos han pedido en el Congreso una prórroga del plazo de presentación de enmiendas al articulado de la ampliación de la Ley de Memoria Histórica, la que impulsó Pedro Sánchez para poner en marcha la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Eso retrasará aún más el calendario que maneja el gabinete del presidente que, tal y como adelantó EL PERIÓDICO el pasado sábado, no ve ya posible la exhumación de Franco antes de 2019.

La tramitación de este proyecto de ley viene derivado del histórico decreto con el que Ejecutivo socialista, el pasado mes de agosto, aprobó en Consejo de Ministros para poner en marcha dicha exhumación. Sin embargo, el PSOE pretende ahora ampliar su propuesta inicial a fin de introducir novedades que puedan evitar que, según pretende la familia Franco, los restos del dictador acaben en el centro de Madrid en la capilla que poseen en La Almudena. Con ese fin la portavoz socialista, Adriana Lastra, quería presentar públicamente este martes una enmienda con la que impedir ese polémico traslado. Tras conocerse que PP y Cs exigen más tiempo, está por ver si el PSOE sigue su plan previsto.

Desde Ciudadanos se asegura que si demanda aplazar el trámite de enmiendas ahora es porque fue la semana pasada cuando terminó el plazo de enmiendas a la totalidad a ese proyecto legislativo y, por tanto, considera que siete días no es un margen razonable para poder registrar ahora las enmiendas parciales, "que irán en la línea del informe de los expertos que el Gobierno ignora". Los grupos acordaron el pasado mes de septiembre tramitar como ley el decreto precisamente para dar oportunidad a todos de introducir cambios tanto en lo que concierne a la exhumación de Franco como sobre otros asuntos de la Ley de Memoria original del Gobierno Zapatero. De hecho, el Gobierno debe atender la exigencia de ERC y del PDeCAT de forzar en la ley la anulación de las condenas de los tribunales franquistas.