Unidas Podemos denuncia "persecución política" contra su formación después de que tres diputados (Rafael Mayoral, Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino) y una exdiputada del partido morado (Ángela Rodríguez) aseguren estar siendo investigados por el juzgado de instrucción número 25 de Madrid por un supuesto delito de atentado contra la autoridad que habrían cometido durante unas cargas policiales en las proximidades del Congreso, en una protesta de los trabajadores de la empresa Alcoa, el pasado mes de marzo.

"Esto supone una reactivación de las cloacas del Estado", ha sentenciado Mayoral, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos. Así, ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, para que explique la "actuación de policía política inaceptable" que se está dando. En este sentido, Mayoral ha apuntado que los atestados policiales a los que ha tenido acceso cuentan "falsedades".

Según han explicado los diputados, ellos estuvieron presentes en la concentración de los trabajadores de Alcoa y cuando se produjo el enfrentamiento con la policía intentaron mediar entre ambas partes y se colocaron entre los agentes y los manifestantes para calmar la situación. "Lo que hicimos fue mediar para que dejaran de golpear a los trabajadores", ha subrayado Díaz.

Además, han tachado el procedimiento de "irregular de principio a fin" ya que, según dicen, se enteraron porque Mayoral recibió este pasado martes una citación para que acudiese a declarar al día siguien. Sin embargo, la jueza de Instrucción número 25 de Madrid no puede imputar a un diputado, porque estos disponen de fuero que hace que solo puedan ser investigados y, en su caso, juzgados por el Tribunal Supremo. Esta circunstancia cambiará, no obstante, el próximo martes cuando se disuelvan las Cortes y entonces, salvo que alguno de ellos forme parte de la Comisión Permanente, pierdan su condición de diputado y con ella su privilegio