Las relaciones del Gobierno y los independentistas catalanes no pasan por su mejor momento, a pesar de que Pedro Sánchez y Quim Torra hayan abierto la puerta a poder sentarse cara a cara, en Barcelona, el próximo viernes. De fondo, nuevas sacudidas en torno a la crisis con Cataluña y un posible adelanto electoral si cae definitivamente el apoyo parlamentario de PDECat y ERC a Sánchez. La tensión, rebajada a última hora por ambas partes para no cruzar líneas de difícil retorno, se sigue notando en el ambiente. Está ahí, es indisimulable y será sin duda el tercer convidado en esa cita presidencial que, de llegar a producirse, protagonizará la semana. El contexto de incertidumbre acrecienta la sensación de inestabilidad y resta opciones a los que apuestan por intentar agotar la legislatura, aún sin presupuestos.
La oposición de centroderecha y Vox, en el foco tras las convulsas elecciones andaluzas y aspirante a entrar en Cortes en las próximas generales, toman nota. El PP, Ciudadanos y el partido ultra de Santiago Abascal tienen prisa por ver convocadas las legislativas. Y preparan sus cartas (155 elevado a la máxima potencia; prohibición de determinados indultos; apertura de vías para la ilegalización de partidos y asociaciones independentistas, cortes en su financiación…) por si en unos meses son ellos los que están sentados en la mesa de juego político.
La derecha, con sus distintas siglas, algunas diferencias y posiciones más o menos distantes del llamado centro, tienen planes para Cataluña. Los naranjas, sabedores de que aún pueden conquistar más voto centrista, rechazan que se les equipare con Vox, pero en la estrategia ante el secesionismo hay zonas comunes.
Camino a las urnas
Todos critican la postura, a su juicio, excesivamente complaciente de Sánchez. Le exigen al jefe del PSOE medidas que saben que no adoptará en esta legislatura salvo situación de alarma, pero van lanzando las migas electorales que marquen el camino a seguir si tienen suerte en las urnas.
La consigna es mano dura para frenar la deriva independentista, esa que en las últimas jornadas, y no de forma unánime, ha llegado a abrazarse a la vía eslovena y al término «unilateralidad». Y que considera que el Gobierno socialista es y ofrece más de lo mismo a los catalanes cuando aboga por votar sobre una reforma de autogobierno, no sobre la autodeterminación.
Piden PP y Cs al unísono el despliegue inmediato de un 155. Vox, cuya influencia en el futuro está por comprobar y cuya apuesta clave son las querellas en los tribunales (es la acusación particular en el juicio al procés), solicita asimismo la suspensión de la autonomía hasta «la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades penales y civiles».
Aznar, el faro
Las diferencias fundamentales entre unos y otros se esconden en el cómo hacerlo. Ciudadanos ofrece pactar tiempo, plazo y competencias a bloquear entre los grupos constitucionalistas, incluyendo al PSOE. Y sugiere un freno a la cesión de nuevas competencias y el reforzamiento de la Alta Inspección del Estado, especialmente en los centros educativos.
El PP exige una intervención más severa, intensiva y extensiva de la que impulsó Mariano Rajoy: ya anuncian que tomarán las riendas de Hacienda, Educación, medios de comunicación públicos, Mossos e instituciones penitenciarias, sin descartar el Parlament y sin comprometerse con un final concreto. A eso se suma que el expresidente José María Aznar, figura política de respeto, cuando no de culto, para muchos de los integrantes de la nueva derecha, ha sentenciado en El Mundo que el 155 de Rajoy se hizo «tarde y mal» y que toca afrontar la «insurrección» en Cataluña. El modo de hacerle frente a esa situación será uno de los puntos clave de la convención que los populares celebrarán en enero, en el que pretenden revisar su doctrina ideológica. No para suavizarla. En todo caso, Casado ya tiene sobre su mesa un pack de medidas contra el independentismo antes de haber llegado a esa convención: además de la intervención sin paños calientes de la Administración, promoverá que vuelva al Código Penal la convocatoria de un referéndum considerado ilegal, y que se prohiban los indultos para condenados por rebelión y sedición.
Defiende que se prohiban los fondos públicos para organizaciones con integrantes rebeldes o sediciosos y la ilegalización por incitación a la violencia. Vox, con diferencias menores, recoge también estas medidas en sus embriones de programa electoral, aunque su plato fuerte es la supresión del Estado autonómico.
