Lejos de perder temperatura, la crisis desatada en el Ministerio del Interior por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos colocó ayer al ministro Fernando Grande-Marlaska en el punto más delicado de su carrera.

Por la mañana publicó El Confidencial el escrito con que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, instó el cese del jefe de la comandancia de Madrid "por no informar del desarrollo de investigaciones". Esta versión contradecía las explicaciones dadas la semana anterior por el ministro, y obligó a Interior a salir al paso admitiendo que al coronel se le cesó por incumplir "el procedimiento de comunicación de actuaciones". Era la cumbre de una escalada de tensión entre Pérez de los Cobos y su mando político, con al menos otros dos episodios anteriores que ha conocido EL PERIÓDICO.

La tarde-noche del domingo 24 de mayo, cuando la directora de la Guardia Civil firmó el oficio de cese, ya era la tercera vez que sucesos y filtraciones en la Comandancia de Madrid contrariaban a Interior.

"Llovía sobre mojado"

El cese del coronel estaba previsto para esta semana, según fuentes del ministerio, después de que se nombrara a un nuevo director adjunto operativo, pero ese tercer roce con el mando político había elevado el recelo de la dirección general con el principal oficial en Madrid y precipitó los acontecimientos.

"Llovía sobre mojado", relatan fuentes del instituto armado. En esta tercera ocasión, Interior desconfiaba del "silencio intencionado" del coronel en torno a la filtración el jueves 21 de parte de un polémico atestado elevado a la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga una denuncia por el permiso concedido para la manifestación del 8-M en Madrid.

Pérez de los Cobos no comentaba la filtración, pero días antes sí había informado motu proprio a la dirección de que el juzgado de Instrucción 51 de Madrid había comisionado a la Guardia Civil como policía judicial para el caso del 8-M, y también, según fuentes Interior, había contado que la jueza había mandado detener la investigación hasta que se levante el estado de alarma. Este diario ha intentado obtener la versión del cesado, pero éste ha declinado hacer declaraciones.

Mientras, la cúpula de la Guardia Civil tenía conocimiento de una videoconferencia con la jueza solicitada por el capitán y el teniente que firman el atestado, que se ha hecho famoso,también tras su filtración, por recoger inexactitudes, algunos bulos y juicios de intenciones.

Dos roces

Tan solo dos días antes de la tensa tarde del domingo 24, desde la Comandancia de Madrid se filtró una orden dirigida a los guardias que custodian la vivienda en Galapagar (Madrid) del vicepresidente Pablo Iglesias. La orden era de retirar pancartas y banderas de España. Parecía que estuviera dirigida a proteger a Iglesias de quienes organizan caceroladas, cuando no había tal: en realidad, fue una instrucción del propio Pérez de los Cobos del 13 de marzo pasado, no ajena a un suceso de una semana antes, por una campaña del sindicato policial radical Jusapol, con integrantes muy cercanos a Vox, que, tras hacerlo ante el Congreso, se fueron a manifestar con pancartas y enseñas rojigualdas ante el domicilio de Iglesias y la ministra Irene Montero.

Un mes antes, el 24 de abril, saltaron también chispas entre el coronel y el mando político. Vecinos de extrema derecha de la urbanización La Navata, en el término de Galapagar, habían difundido un vídeo de móvil tomado en una famosa tienda de alimentación del barrio. En él se veía a Pablo Iglesias llenando un carrito sin llevar mascarilla, y a algún vecino insultándole.

El criterio del Gobierno sobre el incidente fue que las Fuerzas de Seguridad no hicieran nada, salvo que lo pidiera un juez. Interior tuvo entonces conocimiento, según las mismas fuentes de la Benemérita, de que el coronel había enviado a sus guardias a pedir las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio, sin que hubiera investigación judicial abierta.

El 24 de mayo, cuando María Gámez cogió el teléfono para comunicar a Pérez de los Cobos su cese, la tensión por la última filtración ya era máxima: Moncloa conoce una operación de caza mediática de la oposición de derechas, en la que el objetivo no es tanto José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, como conseguir la foto del doctor Fernando Simón declarando en un banquillo por la gestión de la pandemia.