En la celebración de sus primeros cien días de Gobierno, envuelto entonces en la polémica sobre su tesis, Pedro Sánchez anunció su determinación a reformar la Constitución para limitar los aforamientos de los políticos, en una operación exprés que se resolvería en solo 60 días. El Ejecutivo admite ahora que ese cálculo es inasumible y se da «un año de plazo» para lograr el recorte de esta prerrogativa judicial, que implica modificar los artículos 71 y 102 de la Carta Magna.

Aunque el Consejo de Ministros validó ayer el anteproyecto de ley, la tramitación parlamentaria se prevé tortuosa. Cuando Sánchez anunció en septiembre su intención de limitar los aforamientos cogió por sorpresa a la oposición. PP y Ciudadanos pusieron matices, pero parecían aceptar el cambio. El Congreso aprobó incluso una moción sin valor normativo pero simbólica presentada por el partido de Albert Ribera en la misma dirección.

Sin embargo, ayer, conservadores y liberales endurecieron su posición y expresaron su rechazo a la iniciativa. Sin sus votos, el límite a los aforamientos no puede salir adelante porque para reformar la Constitución se necesita una mayoría reforzada.

En todo caso, el cambio es de alcance limitado, puesto que afecta solo a miembros del Gobierno, diputados y senadores, que son una ínfima parte de los 250.000 aforados, 232.000 de los cuales son miembros de las fuerzas de seguridad, del Estado o autonómicas. Además, los políticos solo perderán esta prerrogativa cuando se les juzgue por acciones cometidas fuera del ejercicio de su cargo. Es decir, que los delitos en los que incurran en sus funciones seguirán bajo el aforamiento. Esto deja fuera a la mayor parte de los delitos de corrupción.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirmó que no habrá lista de delitos excluidos del aforamiento. «No hay una sola Constitución que tenga un listado de delitos de corrupción», argumentó.

La reforma no afecta a los parlamentarios autonómicos ni a miembros de los Ejecutivos regionales. «Nosotros tenemos que respetar a las autonomías y no podemos decir lo que tienen que hacer sus parlamentos», defendió Calvo. Su planteamiento recoge la sensibilidad de partidos como ERC y PDECat, pero va en contra de lo exigido por Cs, que quiere que se limite también el aforamiento en las autonomías.

Podemos ya anunció que si el Gobierno abre la reforma constitucional, exigirá un referéndum para que la ciudadanía opine. Los morados tienen capacidad para hacerlo, ya que se requiere un 10% de los diputados (35) y son 67.