Carles Puigdemont estuvo ayer en el centro de una tormenta perfecta. Las acometidas contra él arreciaron desde todas partes, desde la trinchera enemiga y la en teoría amiga. La conclusión que se deriva de las novedades del día, en principio de naturaleza distinta y auspiciadas desde sectores antagónicos, es la misma en todos los casos: que el expresident debería considerar dar un paso al lado para evitar males mayores.

La sensación de que los partidos independentistas están buscando que Puigdemont asuma motu proprio que no podrá ser presidente de la Generalitat se instaló muy pronto. En cuanto trascendió que Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, priorizaba en La Vanguardia la creación de un «Govern estable dentro de la legalidad» que marcan «el Estatut y la Constitución» se hizo evidente que el expresident tenía difícil acomodo.

Elsa Artadi salió poco después al paso de las declaraciones de Pascal. La portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, una de las principales colaboradoras del líder depuesto, fue clara: afirmó que Puidemont, el «president legítimo», es quien debe liderar el Govern.

En una entrevista en la ACN, Artadi sí estuvo de acuerdo con Pascal en que lo más aconsejable es que se forme un Govern estable, que es «lo que desea y defiende todo el mundo». Pero para ella es la actuación «antidemocrática» del Estado la que perturba la estabilidad, y que lo que hay que hacer es «restituir las instituciones», en las que engloba al presidente destituido, al Govern y al Parlament.

JxCat también intentó tranquilizar a quienes quieren que Puigdemont vuelva a ser president retomando las negociaciones con Esquerra para la investidura. La brecha abierta en los últimos días entre ambos, provocada precisamente por las reticencias de los republicanos a asumir nuevos riesgos legales con la investidura sin la seguridad de obtener algún rédito a cambio, también pareció menguar con la noticia de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, y Puigdemont habían hablado por teléfono para limar asperezas.

PROCLAMAS DE PDECAT Y ERC

Pero a primera hora de la tarde la situación dio un nuevo vuelco. Cuando se conoció que el Gobierno estudia incluir una casilla en el formulario de preinscripción para que el castellano pueda ser también lengua vehicular en las escuelas, PDECat y ERC retomaron sus proclamas de que debe formarse cuanto antes un nuevo Ejecutivo en Cataluña.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, pareció darles la razón cuando aseguró que, si la situación actual en el Parlament se prolonga, la obligación de los responsables del Ejecutivo central -que rigen Cataluña con el 155- «además de garantizar la prestación de servicios», es adoptar decisiones «que debería tomar el nuevo Govern». Entre ellas, especificó, la eventual inclusión de la casilla lingüística.

El diputado del PDECat Xordi Xuclà subrayó desde Madrid que urge tener ya un gobierno en Cataluña como demuestra, a su juicio, que el Ejecutivo central se esté planteando «modificar» el sistema de enseñanza catalán aprovechando el paraguas del artículo 155 de la Constitución.

Por su lado, Teresa Jordà, de ERC, señaló que «si el Gobierno decide cargarse la inmersión lingüística es una demostración de mala fe y de querer hacer daño a Cataluña y a la mayoría de sus ciudadanos», afirmó. Dicho esto, Jordà se sumó al llamamiento de tener cuanto antes un Govern. Joan Tardà, también diputado de Esquerra, se expresó en la misma línea en las redes sociales.