El PNV, la izquierda aberzale y entes afines intensificarán en el 2019 sus campañas para que el Gobierno ponga fin a la dispersión de presos de ETA y traspase competencias penitenciarias. La plataforma vasca Sare, filial de la organización de familiares de presos etarras Etxerat, pide «pasos a favor de los presos» porque «lo exige la nueva situación política», y prepara una manifestación en Bilbao, el día 12. Pero no será por todos los presos vascos. Ni siquiera por la mayoría.

Desde los 80 se llama en Euskadi «presos vascos» o simplemente «los presos» a 270 encerrados en 40 cárceles españolas y 11 francesas por implicación en crímenes de ETA. Pero en las celdas españolas, según Instituciones Penitenciarias, 1.580 presos declaran el País Vasco como lugar de residencia; 1.310 son comunes. De estos otros presos vascos, 511 -casi el doble que los etarras- penan fuera de su tierra.

Trasladando cuatro etarras el 20 de diciembre desde Andalucía a León, Asturias y Burgos Interior completó 17 acercamientos en el 2018. Solo siete reclusos de ETA cumplen condena en el País Vasco. Dos de ellos, en prisión atenuada, y otro en una clínica de daño cerebral. El grueso (78) cumple en Andalucía. Y por ellos protestan familias que hacen miles de kilómetros para verlos.

A buena parte de los 1.310 presos vascos los capturó la droga arremolinada en duros rincones de Basauri, Portugalete, Olabeaga... «Estos no son prioridad para el lendakari, ni para Moncloa, ni para nadie -ironiza un veterano funcionario de prisiones-. El PNV no quiere gentuza».

Fuentes del Gobierno Vasco admiten que la Secretaría General de Derechos Humanos (desde la que Jonan Fernández clama contra la dispersión de presos de ETA) no despliega acción social para esta otra diáspora. Aunque el ejecutivo de Vitoria sí subvenciona a colectivos de ayuda penitenciaria como Bidesari, del obispado de Bilbao, o Salhaketa, que se centran en los 806 comunes que cumplen en Euskadi.