Deficiente reconocimiento y escaso respeto de los derechos de las minorías, politización de las altas instancias jurisdiccionales, escaso o nulo respeto de los principios que rigen la Unión Europea (UE), utilización espuria de la euroorden o vulneración de derechos civiles y políticos. Estas son algunas de las supuestas vulneraciones que, según la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consejo por la República, existen en España, detallada en una iniciativa ciudadana para que Bruselas meta a España en el mismo saco que Hungría o Polonia. El objetivo: que la Comisión Europea active el llamado botón nuclear -el artículo 7 del Tratado de la UE- y castigue a España con la retirada del derecho a voto en el Consejo Europeo.

«La democracia está en riesgo por tres factores al menos: el aumento del populismo, de la xenofobia y la debilidad con la que los estados miembros expresan su compromiso con los valores de la UE», advirtió el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que presentó la iniciativa ayer en Bruselas junto a los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el exvicepresidente de la Eurocámara y presidente de la asamblea de Occitania, Gerard Onesta.

El expresident dijo que su exclusión por parte de la Junta electoral Central (JEC) de la lista a las elecciones europeas del 26-M es el último ejemplo de la regresión en España. Y negó que la iniciativa presentada ayer, un texto de 177 páginas, vaya «contra el Estado español», sino «a favor del refuerzo democrático».

cambios legales / El Tratado de Lisboa introdujo la herramienta de democracia participativa que permite a los ciudadanos plantear cambios legales en cualquier ámbito en el que la Comisión Europea tenga competencias para proponerlos. Los promotores necesitan la firma de siete ciudadanos de siete estados miembros. En este caso, además de Paluzie secundan la iniciativa seis personas procedentes de Francia, Alemania, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Bélgica.

La autorización no es automática y la Comisión Europea tiene ahora dos meses para decidir si la registra o la rechaza. Solo si la acepta, los promotores tendrán doce meses para recoger al menos un millón de firmas en al menos siete estados miembros. Puigdemont anunció ya, ayer, que, si las autoridades comunitarias rechazan el registro de la propuesta, recurrirá la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE. Hasta el momento, ninguno de los intentos del Govern ha logrado resquebrajar el firme apoyo de las instituciones europeas a España.

Puigdemont, que participó en una protesta a la que acudió el presidente, Quim Torra, aseguró que no pierde «la esperanza» en que la justicia le acabe dando la razón. JxCat presentó ayer ante la JEC, el Tribunal Supremo y un tribunal contencioso administrativo de Madrid sendos recursos contra el veto a su candidatura para las europeas.