El secretario general de la Conferencia Episcopal, el extremeño José María Gil Tamayo, admitió ayer que durante años la Iglesia ha guardado un «silencio cómplice» ante los casos de pederastia en el seno de esta institución, que ha enmarcado en un contexto de «inacción de toda la sociedad española» ante estos delitos. «Es verdad que la Iglesia está obligada a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio», consideró Gil Tamayo en una entrevista con Efe concedida una semana antes de concluir su mandato y tras ser nombrado Obispo de Ávila. La «inacción» de la Iglesia ante la pederastia ha sido la misma que la de toda la sociedad española. «Compartíamos esa cultura y ahora nos percatamos de que ha sido un silencio cómplice», lamentó el portavoz de los obispos. «Ahora hay una condena justa de la sociedad, pero hemos convivido hasta hace no mucho tiempo con una dejación social con estas cuestiones igual que se ha convivido, desgraciadamente, con la violencia contra la mujer», añadió. Tras reconocer la responsabilidad y el silencio de la Iglesia ante la pederastia, Gil Tamayo aseveró que en España existe una campaña mediática y política intencionada para desacreditar y «criminalizar» a esta institución y en la que no se duda, incluso, en instrumentalizar a las víctimas y convertir su testimonio en un espectáculo. Tampoco está de acuerdo con que las penas o el castigo que impone la Iglesia a los pederastas sean «leves». «Las penas son más leves por parte del Estado, que las prescribe» y que deja a las víctimas sin posibilidad de defenderse, dijo.
Por ello, insistió en la necesidad de buscar «un remedio compartido» y que toda la sociedad asuma su responsabilidad ante los casos de pederastia. Ante la pretensión del Gobierno de revisar la fiscalidad de la Iglesia, Gil Tamayo explicó que esta tiene los mismos privilegios que cualquier fundación u organización sin ánimo de lucro. Por lo que, a su juicio, el Ejecutivo «tendría que reformar todo el ámbito fiscal» que afecta a estas instituciones y no solo el de la Iglesia católica. «No hagamos demagogia», dijo el portavoz de la CEE, quien le ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez el «diálogo mediático» y al que reclamó huir del escenario electoral y entablar un «diálogo directo» con la Iglesia. Además, pidió al Ejecutivo que abandone «los tópicos» a los que recurre cuando habla de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica que, además, añadió, «están al servicio del pueblo». Y justificó la complejidad de elaborar un inventario de los mismos en los 2.000 años de historia de la Iglesia en España: «No hemos ido al notario hace dos días. Estamos aquí desde tiempo de los romanos, y desde entonces han pasado los visigodos, los reinos cristianos, la reconquista, los Reyes Católicos, los Austrias, los Borbones, dos repúblicas... llevamos 2.000 años», argumentó.
También se refirió a la polémica suscitada por el traslado de los restos del dictador Francisco Franco. Un asunto que en su opinión «está desorbitado» y que «no tendría que haber llegado a esta situación». Insistió en que la Conferencia Episcopal «no ha hecho ni va a hacer otra cosa que respaldar» las decisiones adoptadas por el arzobispo de Madrid.
