El que era secretario de Estado de Seguridad el 1-O, José Antonio Nieto, mencionó este lunes varias veces ante el tribunal del 'procés' la distinta percepción que se tenía desde Madrid y desde Barcelona de lo que ocurría en Cataluña desde la aprobación de las leyes de desconexión y hasta después del referéndum ilegal del 1-O. Así aseguró que el dispositivo policial del día de la votación "se ejecutó de forma ejemplar" y la fuerza utilizada fue la del "mínimo imprescindible", pero a la vez aseguró que "los Cómités de Defensa de la República (CDR) tenían una misión inicialmente organizativa", que, en su opinión, "derivó en una actitud violenta o facilitaron que hubiera una actitud violenta".

El testigo explicó que de ello fueron consciente después del 1 de octubre "pudieron identificar que los CDR tenían una estructura sólida, amparada en otras organizaciones que existían anteriormente", entre las que incluyó la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Respecto al 1-O, explicó que se había priorizado "la seguridad de los profesionales que actuaban y la gente", sobre la eficacia del cumplimiento del mandato judicial, lo que permitió "que el uso de la fuerza" utilizado "fuera el mínimo imprescindible". Negó que hubiera cargas policiales y aseguró que la violencia que se produjo se debió a impedir que los operativos quedaron rodeados en algunos centros y obedeció a la resistencia que encontraron.

Según su versión, ello tuvo aún más mérito porque, en sus propias palabras, "si los Mossos de forma clara y evidente hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial", el "referéndum no se habría celebrado, se habría desconvocado". Pero los 7.800 mossos destinados al 1-O, más de 3.000 menos que los 11.600 del 21-D, elecciones ya celebradas bajo el 155, fueron "insuficientes, ineficaces e inadecuados" para cumplir el mandato judicial de "impedir el 1-O", y se debieron "a dar una apariencia de legalidad".

[Así le hemos contado la declaración de Nieto en directo]

A preguntas del abogado del 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, Javier Melero, dijo que en total hubo una decena de ciudadanos detenidos y varias decenas de agentes imputados por su actuación ese día. Añadió que confiaba en que pronto acabara esa "situación que estaban sufriendo".

Previamente, el exsecretario de Estado explicó que en el Ministerio del Interior había sorprendido que la Generalitat "no reconocía el derecho del Gobierno de España de tomar decisiones sobe medidas de seguridad en Cataluña". A preguntas del exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza señaló que a partir del 8 de septiembre, tras las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament el 6 y 7 de septiembre, se produjo una instrucción de la fiscalía en la que se demandaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una "colaboración activa para evitar el 1-O". Una vez analizada la capacidad de Policía y Guardia Civil se decidió que se trasladaran unos 6.000 agentes, para lo que se contó con distintos ministerios y el 22 de septiembre el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se lo comunicó por carta a la Generalitat.

Según explicó, el 'exconseller' Joaquim Fon les contestó ese mismo día para mostrar su desacuerdo con esa decisión. "Nos trasladan cosas que nos preocuparon y es de las primeras cosas que nos permitió percibir que la percepción de la realidad era distinta a la que teníamos nosotros", porque "no reconocía el traslado de efectivos, que los mossos eran suficientes" y, además, "algo que nos sorprendió especialmente que no había habido ninguna concentración tumultuosa y que lo que había habido era pacífica, ordenada, familiar".

La conversación versaba sobre el 20 de septiembre y Nieto insistió en que eso no era lo que se había visto en Interior, con la comisión saliendo por "los tejados" y eso significaba, como se reconoció en la junta de seguridad, que "no se reconocía al Gobierno de España para actuar en Cataluña". La respuesta a si "cuestionaron la actuación del Gobierno" fue positiva.

El testigo, en cambio, sí definió como "tumulto" la concentración frente a la Conselleria d'Econòmia. "Tuve constancia de que la situación era muy seria, la prueba era cómo quedaron los vehículos de la Guardia Civil, que no pudieron ser reutilizaron. Además, hubo otros incidentes importantes violentos en Cataluña cada vez que había una actuación del cuerpo", en el que se produjo un efecto llamada por los medios de comunicación.

Reunión "surrealista"

El testimonio de Nieto fue muy importante para el fiscal. Explicó que en la reunión de la junta de seguridad del 28 de septiembre señaló que la parte a la que se agarró la Generalitat para defender la actuación de los Mossos de la proporcionalidad de actuación estaba fuera de la parte dispositiva del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque la ejecutiva era "parar el referéndum y requisar todo el material".

"Estábamos en una mesa para debatir la coordinación para parar el 1-O con los mismos que lo habían convocado. Era una reunión surrealista. Nos trasladaban excusas de que no lo iban a hacer. Era una situación difícil de mantener. Decían que había una parte de la población que decía que la ley era lo aprobado en el Parlament. Nosotros defendimos que lo que se tenía que hacer era cumplir la ley. Y la sensación era que la Generalitatit no quería cumplir eso. Insistimos que no era una actuación ordinaria, sino un mandamiento judicial concreto. Era una actuación judicial. Y que cuando se actúa como policía judicial los políticos tenemos una misión organizativa, pero el mandato es de la autoridad judicial”, aseguró.

El testigo explicó que Forn intervino muy poco: una vez para llamar la atención al coronel Diego Pérez de los Cobos porque había interpelado al presidente de la Generalitat, a su entender, de forma "poco respetuosa", y después para decir que los Mossos d’Esquadra tenían los efectivos necesarios para cumplir el 1-O. Y mientras que "todos los miembros del gobierno de España le instamos a que desconvocaran el 1-0", que no podía no se "podía permitir que se hiciera un acto expresamente prohibido", por parte de la Generalitat se apelaba a "la convivencia pacífica" a la no intervención con "la excusa de que había niños pequeños y personas mayores".

A juicio de Nieto, "había una realidad paralela, una alternativa de la realidad, y podía haber muchas personas que formaban parte de una estratégica que mediáticamente funcionó. La noticia fue que el hombre muerde al perro y no que el perro muerde al hombre (sic). Que quien estaba haciendo algo malo era la policía", lamentó, mientras dijo que se iba "incrementando la virulencia" de los cortes de carretera y concentraciones.

Sin los Mossos

Aseguró que inicialmente confiaron en los Mossos, "pero progresivamente hubo hechos" que les "hicieron dudar y esta confianza a partir de la junta de seguridad era mínima", porque la "alineación" del mayor Josep Lluís Trapero con el Govern "era total", aunque aún así creían que actuarían como "policía judicial", pero eso no ocurrió y no cerraron ningún colegio ni hicieron requisa alguna. Luego precisó que los 200 cerrados que figuran en algunos informes ni siquiera llegaron a abrirse.

Eso sí, para Nieto "se priorizó sobre la eficacia la seguridad de los profesionales que actuaban y la gente", por lo que en en su opinión el operativo policial del 1-O "se ejecutó de forma ejemplar", de tal forma que cumplió con lo planteado de "que el uso de la fuerza fuera el mínimo imprescindible".

Según su declaración, la Secretaría de Estado de Seguridad había establecido una franja horaria prioritaria de actuación, que de haberse cumplido "en un clima de colaboración y auxilio mutuo" habría permitido cumplir el objetivo. La policía y Guardia Civil debían auxiliar a los Mossos y si no actuar en solitario. "Esperamos una hora. Entre las 8.30 y las 9 avisamos de que se iba a hacer en solitario porque no había ningún apoyo por los Mossos", se quejó, porque los medios destinados a este cuerpo "eran insuficientes, ineficaces e inadecuados", con binomios de mossos o ningún agente. "En algunos casos no obedecían a impedir el 1-O, sino a dar una apariencia de legalidad", añadió.

Además, señaló que "las personas además de ir a votar también tenían el objetivo de dificultar el trabajo de la policía y la guardia civil. En algunos centros, cuando se actuó con normalidad, no hubo incidentes". "Desde mi criterio había una organización premeditada que tenía ese objetivo", aseguró al admitir resistencia e incidentes, pero no "cargas policiales".

"Lo que conocemos como carga policial es una actuación de una unidad antidisturbios para disolver una manifestación o vaciar un espacio ocupado y eso no se produjo en ningún momento, Sí hubo empleo de la fuerza por parte de la Policía y Guardia Civil y, en algunos sitios, llamativa, pero solo para conseguir un repliegue de la gente porque una unidad no puede ser rodeada o aislada", explicó.

En cuanto a los heridos, cifró en 750 los civiles que sufrieron crisis de ansiedad y erosiones sufridas por los que se resistían y se centró en cuatro heridos graves: un infarto, pérdida de un ojo por el impacto de una pelota de goma y dos con fracturas.

Negó haber recibido una orden política de retirada, sino que se hicieron las actuaciones previstas. "Se dio el peor de los escenarios, porque los Mossos no acturaron" y se dio el mayor grado de resistencia en los colegios, que "fue muy intensa en algunos colegios llegando a situaciones de violencia en muchos de ellos". "No se puede pedir más esfuerzo a las personas que estaban desplegadas", añadió.

Explicó que en aquellas ocasiones en los que los operativos vieron "más útil replegarse y no cumplir la orden de intervenir el material electoral, o bien por la integridad de los agentes o de las personas que intentaron impedirlo, se replegaron" para evitar "violencia excesiva". Como ejemplo puso la huelga del 10 de octubre, en la que se produjeron importantes cortes de carretera y se ocuparon estaciones como la de Sants y Girona. "No se repelió ninguna actuación y provocó el colapso de toda Cataluña", dijo. Nuestra obligación es "cumplir y hacer cumplir la ley que reciben de un mandato judicial".