Hace poco más de una semana, cierta sensación de pánico recorrió el Gobierno central ante la cita del Consejo de Ministros en Barcelona. Los riesgos eran muchos, desde la posibilidad de que hubiera graves disturbios protagonizados por los Comités de Defensa de la República (CDR) a la incomprensión de una parte del electorado tradicional socialista que no acaba de comulgar con la política territorial de Pedro Sánchez, así que algunos ministros, como el de Fomento, José Luis Ábalos, llegaron a plantear que el desembarco en la capital catalana fuese abortado. Pero ahora, después de que Sánchez se reuniera con Quim Torra y pactara un comunicado que sienta las bases de sus futuras relaciones, después de que el Consejo de Ministros se reuniera en la Llotja de Mar sin que se incendiaran las calles, el Ejecutivo respira tranquilo. Cree que su apuesta ha sido «muy positiva», que se ha cargado de razones para justificar su posición dialogante, que rechaza tanto el independentismo como las presiones del PP y Cs para reactivar la suspensión de la autonomía.

«El Gobierno siempre ha buscado espacios de diálogo. No existe ninguna otra receta: ni soflamas emocionales ni aplicación perpetua del 155. Esto es lo que se hizo ayer durante una reunión extensa entre los presidentes. En sí mismo es un avance», dijo ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, acompañada por la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, que utilizó el catalán por primera vez en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros. «No existe el derecho de autodeterminación porque no hay ninguna norma jurídica que lo reconozca. Y no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo se va a resolver a través del diálogo y los acuerdos transversales que representen a una mayoría de la sociedad catalana», explicó Batet, que pidió «reciprocidad» a la Generalitat de Cataluña. Pero el Ejecutivo no solo se ve obligado a trasladar estos argumentos frente al independentismo, por un lado, y el PP y Cs, por otro. También una parte importante del PSOE se desvincula de los esfuerzos de Sánchez por normalizar la relación con la Generalitat.

Las críticas vienen, sobre todo, de otros presidentes autonómicos, que tras el reciente batacazo en las elecciones andaluzas (donde los socialistas se encuentran a las puertas de perder el poder tras casi cuatro décadas) temen no revalidar su poder en las elecciones de mayo debido a la actitud dialogante del Gobierno con el independentismo. El jueves, por ejemplo, el presidente de Aragón, Javier Lambán, defendió el «combate inmisericorde» contra los separatistas.