El fiscal superior de Cataluña ordenó ayer a los Mossos que interroguen a los responsables de los colegios electorales del 1-O y les alerten de que ceder locales es delito, en una jornada en la que el mayor Josep Lluís Trapero no acudió a la primera reunión de coordinación policial y envió a su número dos, Ferran López.

En una instrucción cursada ayer lunes, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ordenó a Trapero que los Mossos se personen en los centros educativos o administrativos de la lista de colegios electorales que difundió el pasado jueves a través de Twitter el presidente catalán, Carles Puigdemont.

El fiscal superior afirma en la instrucción que muchos son institutos u otros centros de enseñanza y añade que, «según aseguran distintas fuentes del ámbito educativo -entre ellas CCOO-, el área de Servicios Territoriales, dependiente del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, ha contactado con la dirección de los centros».

En ese supuesto contacto de la Generalitat con los centros que deberían servir de colegios electorales el domingo, el fiscal afirma que se les habría pedido que introdujeran las llaves y la contraseña de la alarma de seguridad de los edificios dentro de un sobre que deberían depositar en una de las diez oficinas de los Servicios Territoriales repartidas por Cataluña. Esa entrega se haría, dice la instrucción, el próximo viernes, dos días antes de la consulta suspendida por el TC, y a cambio se les entregaría un recibo.

Por ello, el fiscal catalán pidió a Trapero que los Mossos, en funciones de policía judicial, se personen «inmediatamente» en estos centros para identificar a sus responsables e interrogarlos, en calidad de testigos, sobre si han recibido alguna comunicación de la Generalitat solicitando su colaboración en el referéndum.

La orden del fiscal fue dirigida a Trapero, que cedió en su número dos la asistencia de los Mossos a la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno, en Barcelona, convocada por el director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, designado por el fiscal como el coordinador del dispositivo de seguridad para evitar el 1-O.

A dicha reunión, que duró una hora, asistieron el responsable de la Guardia Civil en Cataluña, general Ángel Gozalo; el jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, el comisario Sebastián Trapote; y por parte de los Mossos d’Esquadra Ferran López.

Los Mossos explicaron en la reunión que previamente hicieron saber al fiscal que rechazan la coordinación del ministerio porque creen que el operativo debe estar bajo la Comisión de Coordinación Policial de la Junta de Seguridad de Cataluña, organismo presidido por Carles Puigdemont. Los Mossos d’Esquadra alegaron ante la Fiscalía que ya están investigando los preparativos del 1-O y disponen de «un plan de actuación» para cumplir la orden del ministerio público de impedir la celebración del referéndum, por lo que creen injustificado que se les aparte de la coordinación.