Oriol Junqueras llevaba 15 meses sin hablar en público. Cuando por fin volvió a hacerlo, acusado por delitos de rebelión y malversación frente a los miembros del Tribunal Supremo, pareció que el tiempo no había pasado y que estaba en el Parlament. El líder de ERC dio ayer un discurso más propio de un mitin político que del alegato de alguien que busca evitar una condena. Como considera que la sentencia ya está escrita, y que será dura, prefirió declararse «preso político», no contestó las preguntas de las acusaciones y negó que haya avalado ninguna acción violenta, aunque asumió la responsabilidad sobre la ejecución del 1-O. Su actitud contrastó vivamente con la del otro interrogado del día, el exconsejero Joaquim Forn. Aunque el plato fuerte de la tercera jornada del juicio contra 12 líderes del procés era la declaración de Junqueras. El exnúmero dos del Govern es el acusado de mayor rango, en ausencia de Carles Puigdemont, su gran rival político. En consecuencia, es el que afronta las peticiones de penas más severas. «Ánimos, Oriol», le jaleaba en Twitter por la mañana el expresident desde el extranjero.
Toda la plana mayor de ERC se había desplazado a Madrid para arroparle, y Junqueras no quiso abstraerse de lo que está pasando fuera de la sala. Sabe que ERC afronta tres elecciones en los próximos meses: él mismo es el candidato de Esquerra en unas, las europeas. Sabe también que en todas esas convocatorias se dirime la hegemonía dentro del independentismo, que el juicio se está televisando en directo y que se sigue con atención en toda España. Así que se olvidó de que la Fiscalía pide que se le condene a 25 años de prisión, y utilizó el interrogatorio para desgranar a fondo su ideario político.
El líder de ERC no dijo en el Supremo nada que no haya dicho en los últimos meses, en las entrevistas que ha concedido mientras ha estado encarcelado, y no dio argumentos a la parte del independentismo que lo acusa de haberse ablandado. Desde el primer momento dejó claro que no espera un proceso limpio. «Se me acusa por mis ideas, no por mis hechos. Entiendo que estoy en un juicio político», afirmó.
A partir de los eslóganes que ha adoptado la globalidad del independentismo -«votar no es delito»- y de los que son marca de la casa -aludió de nuevo a su amor por España y los españoles-, Junqueras construyó un discurso en el que evitó cuidadosamente las partes que podrían haber sido menos heroicas. Apenas habló, por ejemplo, de la declaración de independencia; seguramente para no tener que admitir, como hizo Forn por la tarde, que ni siquiera se votó formalmente en el Parlament porque sus impulsores decidieron dejarla en el preámbulo del texto que aprobó la Cámara.
Ni rebelión ni malversación
No respondió a las acusaciones, pero se explayó en rebatir los delitos que se le imputan. La rebelión, principalmente. «Nunca hemos avalado ninguna acción violenta», aseguró. Sí atribuyó una violencia «innecesaria e injustificada» a algunos guardias civiles y policías nacionales que trataron de impedir el referéndum del 1-O. En su opinión, buscaban «generar un ambiente de crispación, al cual nadie respondió». También aseguró que no hubo malversación porque «a los contribuyentes no les costó nada» el referéndum. Y, en la única aceptación implícita de la enorme distancia que existe entre los planes que los independentistas expusieron a los ciudadanos y lo que sucedió en realidad, afirmó que desconocía el documento Enfocats (que contenía precisiones sobre cómo llevar a cabo la secesión) y lo tildó de «extravagante y apócrifo».
Forn también aseguró que desconocía ese documento, pero ahí acabaron las similitudes entre su interrogatorio y el de Junqueras. El exconseller de Interior también es candidato en las elecciones de mayo, en este caso a la alcaldía de Barcelona por la Crida y el PDECat, pero en su intervención en el Supremo planteó una defensa puramente jurídica.
No renegó de su independentismo, pero admitió de forma descarnada que detrás de la retórica inflamada del convulso octubre del 2017 no había apenas nada real.
«La independencia se tenía que declarar dos días después del referéndum y no se hizo», dijo. La declaración posterior en el Parlament fue solo «política» y en realidad «no se votó» en la Cámara, admitió. «No tenía efectos jurídicos», insistió. Después de la proclamación retórica, «no hubo ningún acto administrativo ni resoluciones» para apoyarla tras el pleno del 27 de octubre, ni «se avisó a las cancillerías» de la decisión.
El mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero «se puso a disposición» de las autoridades judiciales españolas inmediatamente después, recordó. «Los funcionarios no opusieron ningún tipo de resistencia a la aplicación del 155», constató. Realismo frente a épica.
Declaraciones distantes
Forn sí respondió a la abogada del Estado y a la Fiscalía, cuyo relato de los hechos de septiembre y octubre del 2017 rechazó por «peliculero». Como responsable de los Mossos durante esa etapa, defendió que en todo momento actuaron dentro de la ley. Y se aferró al auto de la jueza que, días antes del referéndum, ordenó que se impidiese votar «sin afectar la normal convivencia», para justificar la actitud de la Policía catalana durante el 1-O.
Al final de la sesión, uno de los procesados que no declaró ayer admitía la distancia entre los dos protagonistas del día. Uno, Junqueras, conocía el valor simbólico de su declaración y creía que lo que dijera no tendrá ninguna influencia en la sentencia.
El otro, Forn, hizo una defensa técnica de su inocencia. Las repercusiones, en sus porvenires penales y en sus trayectorias políticas, se conocerán pronto.
