El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha vuelto a subvencionar a la Fundación Francisco Franco con un total de 26.690 euros (unos 4,4 millones de pesetas). El Gobierno desoye así las críticas de todos los partidos del arco parlamentario, excepto el PP, que censuraron que esa entidad privada, presidida por Carmen Franco, hija del dictador, reciba ayudas públicas.
El dinero concedido a la Fundación Franco figura dentro de las subvenciones que el Ministerio de Cultura otorga a entidades sin ánimo de lucro para que desarrollen proyectos archivísticos. La resolución de la secretaría de Estado de Cultura --por la que se decide la concesión de dichas ayudas-- data del 23 de julio del 2003, aunque su publicación en el BOE no se ha llevado a cabo hasta el pasado jueves.
COPIAS DE SEGURIDAD
Según consta en el Boletín Oficial del Estado, la Fundación Franco recibirá este año 4.500 euros (748.000 pesetas) en equipamiento informático para finalizar la informatización del fondo de su archivo y hacer copias de seguridad, tanto microfilmada como digital. Asimismo, se le conceden 22.190 euros (casi 3,7 millones de pesetas) para la contratación de personal y servicios externos con los mismos fines.
De esta forma, la Fundación Francisco Franco se convierte de nuevo en la entidad sin ánimo de lucro más beneficiada por las subvenciones que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el presente ejercicio.
La Fundación Franco viene obteniendo subvenciones de Cultura desde el año 2000, aunque las ayudas no salieron a la luz hasta el año pasado.
ENTIDAD "SIN FINES POLITICOS"
Entonces, la ministra Pilar del Castillo argumentó que la entidad no tiene "fines políticos", sino que "sólo custodia documentos de la familia Franco", y que el dinero tenía como finalidad la informatización y conservación de ese archivo.
Sin embargo, algunas ayudas, que suman un valor de 41.080 euros (6,8 millones de pesetas) se concedieron 13 meses antes de que el ministerio y la Fundación Franco firmaran, el 4 de octubre del 2001, el convenio por el que ésta se compromete a permitir el acceso de los historiadores a sus fondos. Precisamente, a raíz de la polémica que se suscitó cuando se dio a conocer la concesión de las subvenciones, algunos historiadores expresaron sus quejas sobre las trabas a la accesibilidad a los documentos.
Varios historiadores también señalaron que el grueso de los fondos del archivo, que contiene 27.000 documentos del dictador, no puede ser considerado como privado porque se refiere a la actividad que desempeñó Franco como jefe de Estado o a la Administración.
El asunto llegó al Congreso de los Diputados el 15 de octubre del 2002. Todos los partidos de la oposición se unieron para exigir al Gobierno del Partido Popular que retirase las subvenciones a la Fundación Franco por considerar que hace apología de la dictadura. Todos ellos, menos CiU, pidieron también el cese de la ministra Del Castillo. La mayoría absoluta del PP impidió que prosperaran las demandas.
DIFERENCIAS EN EL PP
Incluso Josep Piqué, ministro de Ciencia y Tecnología, defendió las subvenciones a la fundación. No obstante, reconoció que "sería una buena idea" que el archivo pasara a ser de titularidad estatal. "Lo prioritario es que los fondos estén al alcance de todo el mundo", dijo.
