La escandalera desatada por el PP de Pablo Casado contra la propuesta del Gobierno del PSOE de designar un «relator» que certifique el diálogo entre partidos catalanes contrasta de manera abrumadora con la reacción que tuvieron los populares cuando, pocas horas antes de la consulta del 9-N del 2014, este diario reveló que tres emisarios del entonces inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy, del president a la sazón Artur Mas y del entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, mantuvieron abierta una vía secreta de diálogo para evitar el choque de trenes.

Cuando el 12 de diciembre del 2013 Mas anunció que había pactado con el resto de partidos proconsulta una fecha de convocatoria -el 9 de noviembre del 2014- y una doble pregunta, el sociólogo de cabecera del PP, Pedro Arriola, llevaba meses siendo la voz y los oídos de Rajoy en las conversaciones secretas con Joan Rigol, el histórico dirigente de Unió y responsable del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que actuaba como emisario de Mas.

Se intentaba reconducir las relaciones entre el Estado y la Generalitat en un plano de máxima discreción. Tanto que uno de los primeros pactos que alcanzaron es que si estos encuentros -que tuvieron lugar en Madrid y en Barcelona- se llegaban a hacer públicos serían negados por las partes implicadas.

El emisario socialista

Según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de estos contactos, en enero del 2014 se unió a ellos un tercer hombre, el socialista José Enrique Serrano, al que el entonces secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, colocó en el tablero. Una estrategia a la que meses después dio su bendición el heredero de la dirección del PSOE y actual presidente del Gobierno.

Este triángulo de fontaneros políticos mantuvo abierto el grifo del diálogo contra viento y marea y hasta las horas previas al 9-N. La intención era que las conversaciones sirvieran para hallar una salida política al procés. La reforma constitucional como tercera vía, un posible cambio de pregunta o distintas fórmulas para buscar encaje constitucional a la iniciativa les ocuparon horas y horas de conversación.

«Ha sido una vía muy útil para reducir hostilidades en momentos clave y para intercambiar mensajes con rapidez», especificó una de las fuentes consultadas. El silencio que rodeó a estos encuentros fue clave para que fueran posibles, según las fuentes consultadas. Hubo negociaciones y diálogo para intentar reconducir un proceso que terminó finalmente en una consulta descafeinada y tolerada por el presidente Rajoy en manos de Sociedad Civil.

La ‘vía Urkullu’

Tres años más tarde, aún con Rajoy en la Moncloa pero ya con Carles Puigdemont en la Generalitat, ambos ejecutivos trataron sin éxito de frenar otro choque de trenes. Como desveló este diario el pasado octubre, ambos recibieron una oferta in extremis del lendakari, Íñigo Urkullu.

El correo electrónico que Urkullu envió a Puigdemont a las 9.46 horas del 27 de octubre del 2017 -el día de la declaración unilateral de independencia (DUI) y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución- supuso el último intento, a la desesperada. Había llegado, un par de días atrás, a un acuerdo con el entonces president, pero sin constancia escrita del compromiso de Rajoy de no aplicar el 155 si no se activaba la DUI. El día anterior, Puigdemont había descartado las elecciones.