El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, optó este miércoles ante la Comisión de Justicia del Congreso por realizar una defensa a ultranza del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, recordando las iniciativas adoptadas por la Fiscalía especial contra el PP, como la querella presentada contra el bufete de abogados que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o el propio 'caso Lezo', en cuyas escuchas se oye al principal imputado, el expresidente madrileño Ignacio González, felicitarse por la futura designación de Moix por su afinidad al PP.

Así aseguró que comparte "con él su visión de hacia dónde debería dirigirse la fiscalía". "Me siento satisfecho por la designación, al ver su valentía y firmeza en el desempeño del cargo", aseguró el fiscal general del Estado. Sus palabras no fueron compartidas por la mayoría de los portavoces parlamentarios que exigieron la dimisión de Moix por entender que ha entorpecido investigaciones fiscales.

En opinión del fiscal general, las informaciones muy críticas con la actuación de Anticorrupción desde que Moix fue designado se trata de "un problema estructural", en el que "se confunde por algunos el control de la legalidad de la fiscalía con la injerencia constante a quien tiene alguna responsabilidad", lo que impide a los responsables del ministerio público hacer su trabajo, por lo que pidió "sosiego" que en su opinión es lo que necesita la Fiscalía especial.

'CASO DEL 3%'

Según Maza, se pone el foco en cuestiones técnicas, como la crítica con la que fue recibida el relevo de los fiscales encargados del 'caso del 3%' por decisión del propio Moix. El fiscal general criticó las informaciones en las que se daba cuenta del cambio, porque "el cese de los fiscales no es en absoluto cierto", aseguró amparándose en que cuando el asunto fue revisado por el Consejo Fiscal, decidió solicitar más datos antes de avalarlo o revocarlo.

Sostiene que sea cual sea su decisión "la condena ha sido impuesta anticipadamente" y si termina entendiendo necesario el cambio por racionalizar los efectivos de trabajo de la Fiscalía será "malo, porque supondrá que se paraliza la investigación" y si se hace caso a los actuales fiscales del caso, que no quieren dejarlo, "también malo, porque supondría desautorizar" al jefe que él mismo nombró.