Los yihadistas de Ripoll se hicieron fácilmente con 240 litros de agua oxigenada concentrada, 475 litros de acetona, 25 litros de ácido sulfúrico y la sosa necesaria para fabricar explosivo TAPT en el chalé de Alcanar, pese a las leyes que alertaban a los comercios contra estas ventas. Mohamed Hichamy y Youssef Aalla -muertos el primero en Cambrils y el segundo en la explosión del chalé- se aprovecharon del desconocimiento de esas normas por los vendedores en un recorrido por tiendas de Tortosa (Tarragona), Gurb (Barcelona) y Vinaroz (Castellón) entre el 25 de julio y el 2 de agosto de 2017.

Cuando compraban en la Industrial Sabonera, Audí Pintures, Colors i Complements (las tres de Tortosa), Pinturas Galindo (Vinaroz) y Pintures Vic (Gurb) hacía tres años que una resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad -del 20 de noviembre de 2013- establece como «punto de contacto nacional para la comunicación y registro de transacciones sospechosas» el CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. E incluso da un teléfono: 91 537 27 33. Ese número, según ha podido comprobar este diario, sigue operativo.

Entre las sustancias que señala como precursores de explosivos están claramente incluidas la acetona, el ácido sulfúrico y el peróxido de hidrógeno de más de un 12% de concentración. El que compraron los terroristas era del 30%. Esta ley obliga a los vendedores a comunicar las «transacciones sospechosas».

Según las declaraciones de testigos que forman parte del sumario de los ataques terroristas del 17-A, las compras las realizaron Hichamy y Aalla dando nombres y teléfonos inventados, incluso aportando un NIE (documento de identidad de extranjero) que no era suyo. Se lo prestó Saiz Ben Iazza, joven marroquí de Vinaroz ahora en prisión por colaborar con la célula. En Tortosa, por ejemplo, Hichamy enseñaba el carné de Iazza sin que los vendedores comprobaran la foto.