El expresidente la Generalitat Artur Mas admitió ayer que el 1-O no fue «vinculante jurídicamente, pero sí podía serlo políticamente». Explicó que, en el caso del 9-N del 2014, «no hubo una declaración de independencia», y apuntó a las elecciones del 2015, que tildó de plebiscitarias. «Ya no se trata del derecho a decidir, sino de diputados a favor de la independencia o no», dijo. «Se quiso que el 1-O fuera vinculante, pero está visto que no se consiguió», aseguró. El exmandatario catalán, que compareció como testigo, relató que en el 2016, cuando su sucesor, Carles Puigdemont, decidió impulsar un referéndum, le recomendó que no perdiera el control de la consulta y que «no olvidara que podía convocar elecciones». Dijo que le precisó: «Si finalmente se puede llegar a la independencia de Cataluña, que no se llegue de cualquier forma, sino a través de un proceso legal».

Reconoció que asistió a encuentros en los que participaron la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell (ella habló de uno); la exconsellera Neus Munté; quien era secretario general de Economia y ahora diputado Josep Maria Jové, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros. Se trataron «lógicamente» temas relacionados con el referéndum del 1-O, dijo. E incluso concretó que la ley de transitoriedad jurídica suscitó «cierto debate», porque «tendría muy corto recorrido, ya que sería inmediatamente impugnada y suspendida». La conclusión final, espetó, fue «la necesidad de un nuevo referéndum». Mas confesó que se equivocó al pensar que la reacción del Gobierno al 1-O «nunca sería» la de mandar a Cataluña fuerzas de orden público para intervenir, pues «el Estado tenía mecanismos suficientes para desnaturalizar el referendum desde un punto de vista jurídico».

El diputado de ERC Joan Tardà señaló que «ni la unidad de España ni la independencia de Cataluña valen una mínima violencia». Y aseguró que «este juicio está inspirado en la venganza». Por su parte, la excoordinadora general del PDECat Marta Pascal dijo que aconsejó a Puigdemont convocar elecciones.

NEGATIVA DE LA CUP / Los exdiputados de la CUP en el Parlament. Antonio Baños y Eulàlia Reguant, se negaron a responder a las preguntas de Vox, que ejerce la acusación popular, abandonaron la sala y el tribunal les acabó multando con 2.500 euros, ya que, en calidad de testigos, estaban obligados a contestar. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, decidió darles cinco días para que rectifiquen y declaren. En el caso de que mantengan su negativa, se abrirá una investigación contra ellos por desobediencia grave, penada con prisión de seis meses a un año o multa.