El expresidente la Generalitat Artur Mas ha admitido que el 1-O no fue "vinculante jurídicamente, pero sí podía serlo políticamente". En el caso del 9-N, ha explicado en el juicio del procés, donde ha comparecido como testigo, "no hubo una declaración de independencia, sino que se organizaron elecciones plebiscitarias. Ya no se trata el derecho a decidir, sino de diputados a favor de la independencia o no". "Se quiso que 1-O fuera vinculante, pero está visto que no se consiguió", ha aseverado, para después recalcar que el mismo Gobierno español ha reconocido que no se gastó en euro en la consulta.

El exmandatario catalán ha relatado que en el 2016 cuando su sucesor Carles Puigdemont decidió impulsar un referéndum, le recordó que no perdiera el Gobierno catalán la "iniciativa institucional" para controlar la consulta y que "no olvidara que podía convocar elecciones". Para entonces, ha concretado, ya estaba en marcha la investigación judicial por el 9-N. Ha precisado que "si finalmente se puede llegar a la independencia de Cataluña que no se llegue de cualquier forma, sino a través de un proceso legal".

Mas ha dejado constancia de que en "ningún momento" oyó que la consulta soberanista se iba a celebrar aunque no hubiera un pacto con el Estado, pero si ha admitido que escuchó "referéndum o referéndum". Pero no lo oyó en reuniones, sino cuando Puigdemont visitaba a Mariano Rajoy en la Mocloa y le ofrecía acordar la fecha de la consulta, la pregunta y las condiciones posteriores. "

"Cuando periodísticamente se preguntaba a personas del Gobierno catalán sobre la vía unilateral es que no hay que descartarlo al 100%, pero nunca es la primera ni la segunda ni la tercera opción soberanista catalana. Esas siempre son buscar el consenso", ha subrayado, "En la otra parte no existúa esa persona con voluntad política", ha agregado. Ha negado que hubiera un plan operativo para ocupar aeropuertos o instalaciones sensibles.

Mas ha reconocido que asistió a varias reuniones convocadas por Carles Puigdemont, cuando ya era presidente. En estos encuentros participaron la que fuera presidenta del Parlament, Carme Forcadell (ella admitió una), la exconsellera Neus Munté, el que era secretario general d'Economia y ahora diputado Josep Maria Jové, la dirigente de ERC, Marta Rovira, entre otros. Se trataron "lógicamente" temas relacionados con el referéndum del 1-O, ha dicho. E incluso ha concretado que la ley de transitoriedad jurídica suscitó "cierto debate", porque "tendría muy corto recorrido, ya que sería inmediatamente impugnada y suspendida". La conlusión final fue "la necesidad de un nuevo referéndum".

Ha recalcado que se equivocó al pensar que la reacción del Gobierno central al 1-O "nunca sería" la de mandar a Cataluña fuerzas de orden público para intervenir, pues "el Estado tenía mecanismos suficientes para desnaturalizar el referéndum desde un punto de vista jurídico". No daba crédito que desde Madrid se hubiera decidido hacer "algo tan poco inteligente" [cargas policiales] que " podía dar la vuelta al mundo".

COMITÉ DE DIÁLOGO

El expresidente ha detallado que en el 2013 le propuso al entonces presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, ante "la dificultad de llegar a un acuerdo" sobre el derecho a decidir, crear una comisión para mantener el diálogo cualquier momento y así buscar soluciones. En este comité había un representante del partido que estaba en la oposición, el PSOE, otro del ejecutivo de Rajoy y un tercero de "mi confianza".

A su entender, el Tribunal Constitucional supone "un riesgo" pernanente para Cataluña. "Muchas leyes, hasta sociales, sin tener nada que ver con el proceso soberanista, han sido suspendidas. Estabamos entrenados para suspensiones inmediatas". Sin embargo, ha insitido que "nadie se apeño de la voluntad de llevar a cabo el referéndum".