Los capítulos económicos del acuerdo Coalición progresista, entre PSOE y Unidas Podemos reeditan en gran parte el malogrado proyecto de Presupuestos que ambas formaciones pactaron a principios del 2019. A pesar de que durante la última campaña electoral, los socialistas habían abandonado la iniciativa de subir el IRPF a las rentas más altas, esta ha sido recuperada en su acuerdo con los podemistas.
La subida de dos puntos en el IRPF a partir de 130.000 euros y de cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros ya estaba en el proyecto presupuestario. También la subida de cuatro puntos (hasta el 27%), a las rentas de capital a partir de 140.000 euros. Lo mismo sucede con la tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades para grandes corporaciones (18% para bancos y empresas de hidrocarburos); o con la creación del impuesto sobre transacciones financieras. Según los cálculos que acompañaron a los Presupuestos, estas medidas deberían aportar 3.286 millones.
El acuerdo actual también recupera la rebaja del 25% al 23% el tipo fiscal para las pymes. En cuanto a las grandes fortunas, se habla de «estudiar» una fiscalidad más justa y progresiva de estas, pero no aparece la subida al 3,5% del impuesto de patrimonio a partir de 10 millones que iba en los Presupuestos.
Hay otra novedad relevante, y es que se aparca el propósito de aplicar en España un nuevo impuesto digital en espera de un acuerdo en la Unión Europea. «Aprobaremos el Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la UE», se afirma.
DEROGACIÓN PARCIAL
Las mayores novedades del documento Coalición progresista tienen que ver con «derogar la reforma laboral y recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral del 2012».
El redactado del acuerdo se parece más a una derogación parcial que afecta, eso sí, a los principales aspectos de la legislación que impulsó el PP.
En realidad solo se utiliza el término «derogaremos» en tres casos concretos, para anunciar que de forma «urgente» se pondrá fin a la posibilidad de despido por bajas médicas justificadas; a la limitación temporal de los convenios colectivos tras perder su vigencia y, en tercer lugar, a la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial.
Además, ambas formaciones asumen el compromiso de «modificar» el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para limitar la subcontratación a servicios ajenos a la actividad principal de la empresa. También se «limitará» la capacidad unilateral de los empresarios para modificar las condiciones de los contratos y se «revisará» el mecanismo de inaplicación de los convenios para que el descuelgue salarial solo sea posible bajo causas económicas graves.
Una de las novedades más llamativas es el compromiso de «revisar las causas del despido» para precisar las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que permiten despedir con un coste de solo 20 días con un tope de 12 mensualidades (en lugar de la regla general de los 33 días con un tope de 24 mensualidades). Además se prevé recuperar el papel de la autoridad laboral en el control de los expedientes de regulación.
El acuerdo, además, asume el compromiso de negociar un salario mínimo interprofesional en el entorno de los 1.200 euros a lo largo de la legislatura. En el bloque de pensiones, ambas formaciones reiteran su compromiso de subirlas conforme al IPC real mediante una ley permanente y de eliminar el factor de sostenibilidad previsto en la reforma del 2013 para adecuar la cuantía de la pensión a la creciente esperanza de vida. Además se buscarán nuevas fuentes de ingresos para el pago de las pensiones.
