La jueza de la Audiencia Nacional, Camen Lamela, ha fijado comparecencias quincenales para el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, imputado por un delito de sedición. El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, había solicitado prisión incondicional para el responsable policial, pero la magistrada ha optado por imponerle la misma medida que a su subordinada, la intendente Teresa Laplana, para la que el ministerio público pedía prisión eludible con fianza de 40.000 euros. El fiscal también ha pedido prisión para el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, informaron fuentes jurídicas.
La jueza ha impuesto también a Trapero y Laplana retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. Además, deberán facilitar un teléfono en el que estar localizables y designar a una persona para recibir las notificaciones. En caso de incumplir alguna de las medidas impuestas, su situación sería modificada.
El auto en el que se imponen las medidas cautelares la magistrada explica que la causa por sedición se reduce a lo denunciado en su día por la fiscalía, es decir, las protestas que se celebraron en Barcelona los días 20 y 21, promovidas por los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural.
Se trata de los hechos inicialmente denunciados por la fiscalía y la actuación que tuvo esos días Trapero "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días se sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación". De esta forma, la magistrada rehúsa tener en cuenta, al menos de momento, el último informe de la Guardia Civil relativo a la actuación de los Mossos hasta el 1-O.
No obstante, añade que "existen elementos que vinculan a Trapero" con la estrategia separatista, como la hoja de ruta intervenida en el domicilio de Josep María Jové, número dos del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y "la pasividad, aun por investigar, que se atribuye a los Mossos en los hechos acaecidos el 1 de octubre o el contenido de las conversaciones" intervenidas por el Juzgado 13 de Barcelona, en las que aparece "una contravigilancias para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía y la Guardia Civil".
Protección contra actuaciones policiales
La jueza describe los hechos que se produjeron en distintos lugares de Barcelona para la "protección de sus gobernantes o instituciones" frente a actuaciones policiles ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13.
Relata cómo Sànchez y Cuixart animaron las concentraciones en las que se causaron daños tres vehículos de la Guardia Civil, en los que "había armas", por 33.729, 34.708 y 67.193 euros, y cómo ignoraron los requerimientos que los agentes les hicieron para abrir un paso a la comisión judicial que registraba la 'Conselleria' de Economía. El auto afirma que los agentes les pidieron auxilio a los mossos hasta en siete ocasiones.
Según el auto, la protesta "estaba orientada a impedir que funcionarios de Justicia y las Fuerzas de Seguridad pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley y de las resoluciones dictadas en un procedimiento judicial", con el objetivo de proclamar una república catalana, lo que es constitutivo de sedición, que estaría penado hasta en el caso de Trapero con 10 años de prisión.
La magistrada toma declaración esta tarde a los presidentes de los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. La fiscalía ha pedido prisión incondicional para ambos.
La fiscalía justifica la petición de prisión incondicional para Sànchez en que al estar la sedición castigada puede estar castigada con hasta 15 años de cárcel, existir riesgo de reiteración delictiva, al haberse situado al frente de nuevas movilizaciones, como la que obstaculizó el trabajo de la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona el pasado 20 de septiembre. Además, durante la operación Anubis, la ANC trasladó documentación de su sede, lo que podría constituir destrucción de pruebas.
En esta ocasión el 'major' llegó a la Audiencia Nacional vestido de paisano, con traje gris y corbata azul, al igual que los comisarios que también le acompañaban hoy. El pasado día 6 los tres vestían el uniforme de los Mossos d'Esquadra. Pese a que Trapero prefirió declarar, la fiscalía había solicitado posponer las comparecencias de los cuatro imputados a la vista de un nuevo informe de la Guardia Civil en el que se ampliaban las acusaciones contra ellos hasta con hechos del 1-O.
Testigos del acoso
La mañana ha comenzado con la declaración de tres testigos. Se trataba de la letrada de la administración de Justicia (antes, secretaria judicial) que participaba en comisión judicial, enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a hacer 14 arrestos y más de una cuarentena de registros. La mujer tuvo que abandonar la sede de la 'Conselleria' de Economía por la azotea a un edificio anexo para mezclarse con el público que abandonaba el teatro.
A continuación declararon los dos guardias civiles de más rango que participaron en el registro, uno participaba en la comisión judicial y el otro estaba encargado de dar seguridad a la comisión judicial. En el atestado remitido al juzgado 13 de Barcelona consta que no se pudo trasladar a los detenidos a los registros, incluido a Josep María Jové, número dos del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como es preceptivo en este tipo de diligencias.
Además, relataron que los agentes estuvieron hasta 18 horas recluidos en el edificio ante la imposibilidad de abandonarlo y cómo Sànchez y Cuixart capitanearon las protestas y se negaron a facilitarles su labor.
El artículo 544 del Código Penal considera "reos de sedición a los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
