La petición de Vox para conocer la identidad y cualificación técnica de los profesionales que trabajan en las unidades de violencia de género tiene las horas contadas y siquiera pasará el trámite de admisión en la mesa del Parlamento andaluz. Los votos negativos de PSOE y Ciudadanos, que anunció este lunes que votará en contra al entender que vulnera la ley de protección de datos, son mayoría y evitarán por tanto que la petición sea admitida y enviada a las consejerías de Igualdad y Justicia, competentes en la materia de lucha contra la violencia de género.

El órgano de gobierno de la cámara es quien debe valorar las iniciativas y peticiones de los grupos con carácter previo a su admisión. Desde las pasadas elecciones, la Mesa del Parlamento está formada por ocho miembros: dos diputados por parte de PP; dos por PSOE y otros dos por Ciudadanos, un miembro de Vox y un representante con voz sin derecho a voto por parte de Adelante Andalucía. De esta forma, en la reunión de este miércoles la suma de apoyos de socialistas y la formación naranja, con 4 votos, será suficiente para decantar la balanza a favor del no frente al sí de la formación ultra. El PP no ha desvelado aún su decisión, pero este mismo lunes confiaba en que ni siquiera sería sometida a votación al entender que vulnera la ley. No se trata de votar, sino de calificar la propuesta, y lo mismo ni es calificada porque choca con la protección de datos, señaló la secretaria general del PP de Andalucía, Dolores López, quien en cualquier caso quiso matizar que la formación conservadora no dará ni un paso atrás en la protección a las víctimas de violencia de género.

Fue el líder de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín quien anunció el rechazo de su partido a que la demanda de Vox sea admitida, incidiendo en esa posibilidad de que ni siquiera será tenida en cuenta al requerir nombres, apellidos y número de colegiación, lo que va en contra de valores, principios y leyes. No nos vamos a saltar la ley de protección de datos, insistió. Tampoco quiso pronunciarse acerca de si se trataba de una posición conjunta del gobierno de coalición. No sé lo que va a votar el PP, pero Ciudadanos no está por la labor de violar la ley, apuntó, deslizando además su convencimiento de que una vez cuenten con los informes legales no creo que el PP vote en contra de una Ley que tenemos que respetar. Marín además instó a Vox a consultar el portal de Transparencia de la Junta, donde dijo que están todos los datos que reclama la formación de ultraderecha pero excluyendo datos personales.

La polémica generada por la caza de brujas de Vox, como lo denominó el PSOE, ha evidenciado la incomodidad de Ciudadanos con el socio que sostiene el pacto de gobierno, y más en puertas de unas elecciones. De hecho, los socialistas arremetieron contra el silencio bochornoso de los partidos del ejecutivo regional y lo atribuyeron a que presidente autonómico Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) está acobardado porque sabe que su supervivencia política depende de la extrema derecha. Por eso, tras la tibieza de las primeras horas tras conocerse la petición, la cúpula del partido pidió este lunes al resto de formaciones que dejen de politizar en torno a la violencia machista. Así, acusó a Vox de poner zancadillas en un tema tan sensible, garantizando que su formación no dará un paso atrás y que nadie que trabaje intensamente desde la Administración pública para erradicar esta lacra de la violencia de género va a salir de su puesto de trabajo. Marín incluso apostilló que bajo su mandato no habrá retrocesos en los derechos adquiridos.

VOX INSISTE EN LOS "INFORMES FALSEADOS"

Vox, por su parte, mantiene su reclamación de los datos argumentando que tienen constancia de graves irregularidades que el resto de partidos no están por la labor de investigar. Hay inocentes condenados y menores y sus familias destrozados. Hay corrupción y la quieren seguir tapando. No lo permitiremos aunque nos insulten, dijo en sus redes sociales el diputado y promotor de la polémica petición de datos Francisco Serrano en alusión a las críticas hacia su persona del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska.

El juez en excedencia subrayó que el General de Colegios Oficiales de Psicólogos ya denunció ante el Ministerio de Justicia en noviembre de 2011 que los equipos psicosociales trabajan sin un marco legal específico ni titulación suficiente, por lo que quieren comprobar si las irregularidades se han solventado. Además, Serrano llegó a asegurar que según sus datos, los dictámenes psicosociales sobre custodia de menores y declaraciones de desamparo han sido realizados en algunos casos por empresas de tasaciones inmobiliarias. Son informes ideológicos y falseados, insistió.