El pasado martes, mientras el Congreso votaba una moción de Ciudadanos sobre la futura y supuesta concesión de indultos a los líderes independentistas encarcelados, a las puertas del Congreso aguardaba un autobús de la plataforma alentada por el partido naranja, España Ciudadana, con los rostros de Junqueras y Puigdemont y gruesas letras blancas en las que se podía leer «Indultos no».
Si el caballo de batalla de PP y Cs después de la moción de censura fueron los «socios separatistas» que habían aupado a Pedro Sánchez a la Moncloa, ahora lo es la posibilidad de que el presidente del Gobierno «devuelva el favor» a ERC y PDeCAT en forma de indulto. Un indulto a unos políticos en prisión preventiva sobre los que todavía no pesa condena alguna y que ha embarrado el debate en el Congreso con gritos de «golpistas» y «fascistas», la expulsión de Gabriel Rufián y la no demostrada acusación a otro republicano de haber escupido a Josep Borrell.
El Gobierno defiende que comprometerse a negar posibles indultos sería contrario a la ley actual, que indica que puede aplicarse «para todo tipo de reos» sin excepciones. Este argumento le ha servido para no pronunciarse. Ahora, Ciudadanos quiere trasladar el debate a las calles y convocó una manifestación el sábado en Madrid. Lo mismo hará el partido de ultraderecha Vox una semana más tarde. El debate sobre los indultos a los presos independentistas llega con la reforma de la ley que la regula y que está atascada en la Comisión de Justicia del Congreso. Y es aquí donde el PP ha centrado su batalla. La reforma parte de una iniciativa del PSOE en el 2016 que pretendía eliminar la posibilidad de indultar a condenados por violencia de género o a cargos públicos sentenciados como corruptos. Y ello incluye la malversación, que sobrevuela sobre los líderes independentistas.
PROTAGONISMO / Nadie contemplaba entonces que Cataluña acabaría llevándose el protagonismo en una reforma que surgía como antídoto contra la corrupción. Los populares introdujeron una enmienda para vetar los indultos a los condenados por rebelión o sedición, con la vista puesta en el procés.
La ley no exige que sea el preso quien inicie el procedimiento. Obliga al Gobierno a solicitar un informe sobre la conducta del penado al Jefe de la prisión donde cumpla la condena, escuchar las recomendaciones del fiscal y pedir también un informe previo al tribunal sentenciador, en el que este se pronuncie sobre si considera conveniente o no el indulto. No es público y tampoco vinculante, por lo que el Ejecutivo puede hacerle caso omiso.
