El pleno de respuesta a la tramitación del artículo 155 ha empezado con dos breves intervenciones de los portavoces de las fuerzas nacionalistas, de Junts pel Sí y la CUP. Lluís Maria Corominas, presidente de la alianza parlamentaria entre PDECat y ERC, ha afirmado que el Estado pretende “imponer su Constitución y la unidad de España a sangre y miedo”, en referencia a la actuación policial del pasado 1-O y a los anuncios de mayor represeión, al menos institucional, que conlleva el artículo 155 de la Carta Magna.

Corominas ha remitido a una ulterior intervención, posiblemente el viernes, en la que se apuntará que respuesta dar al Estado, aunque ya ha desvelado que será “seguir con el cumplimiento del mandato de la ciudadanía” en el referéndum de autodeterminación. Es decir, la declaración de independencia.

El posconvergente ha aseverado que “el Govern y el Parlament no son propiedad del Consejo de Ministros”, órgano que, presumiblemente, controlará la gestión de la autonomía catalana.

Rendijas asfixiadas

La anticapitalista Anna Gabriel, por su parte, se ha referido exclusivamente al 155. Ha señalado que contraviene “incluso sus propias leyes”, es decir, als del Estado, y “asfixia las pocas rendijas que permite la Constitución”. Gabriel ha afirmado que tras el esfuerzo del Gobierno por aprobar y aplicar ese conjunto de medidas se esconde un interés “recentralizador” y que, con el caso catalán “abre la caja de Pandora”, es decir, abre la veda para su aplicación en otras comunidades.

La aplicación, ha proseguido Gabriel, se acompaña de una total "impunidad" y ha vaticinado que Catalunya se halla en puertas a un "tsunami de intervenciones institucionals y de destituciones y vayan usted a saber qué más".