El soberanismo trata de resolver otro nuevo desafío jurídico en relación al proceso secesionista. Esta vez se trata del auto del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por el que los cinco diputados independentistas en prisión y el expresidente Carles Puigdemont, deben dejar su actividad como parlamentarios en virtud de su procesamiento por los hechos del pasado mes de octubre. Una suspensión que Llarena apunta que podría ser temporal. De entrada, el Govern y los partidos independentistas quieren mantener el pulso, y el president ha garantizado que no se pedirá el acta de diputados a ninguno de los procesados. Pero queda por ver si, como exige la CUP, habrá desobediencia total o bien los implicados dejarán de ejercer el voto (a distancia) en el próximo pleno de la Cámara, con lo que de facto estarían acatando la decisión del juez.
La cuestión no es menor porque sin el voto de los seis implicados, la mayoría absoluta que ahora logran Junts per Catalunya, ERC y la CUP, dejaría de alcanzarse y se pasaría a 64 diputados. La puerta abierta por Llarena a que los diputados dejen solo de forma provisional su actividad, no está prevista en el reglamento del Parlament. El reglamento sólo regula las causas de suspensión de los derechos y deberes de un diputado. Una de estas causas es «si es firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el Pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta».
UNA DECISIÓN «INDECENTE» / Hoy se reune la Mesa del Parlament o catalán y abordará previsiblemente la cuestión, en la que se prevé que haya una actuación coordinada entre los abogados de los presos y la mayoría soberanista de la Cámara, y la posible presentación de un recurso. Mientras no llega una decisión, la respuesta verbal a Llarena es contundente. Por ejemplo la del presidente, Quim Torra, de viaje a Escocia, acusando al juez de tomar una decisión «indecente» que hace que la separación de poderes en España sea «un mito» porque se está atacando directamente «la soberanía» del Parlament.
Torra sugiere que la respuesta sea colectiva, es decir, del pleno de la Cámara, como indica el reglamento en relación a la suspensión o no de un parlamentario. Ciutadans, el PSC y el PPC no quieren oír hablar de una votación desafiando a una decisión judicial y subrayan que lo dictado por Llarena debe, sencillamente, obedecerse. A Junts per Catalunya y ERC le quedaría sólo como aliado el grupo de Catalunya en Comú para plantar cara al magistrado con una votación.
También ha criticado la decision de Llanera el Síndic de Greujes. Rafael Ribó ve «inaplicable» la medida, alerta de que afecta al derecho «de participación y reunión» y recomienda a los afectados que presenten recurso.
PRESIÓN DE LA CUP / Dado que no existe una decisión todavía definitiva, la CUP ha presionado en favor de la desobediencia. En declaraciones a TV-3 el diputado anticapitalista Carles Riera, apostó abiertamente por no acatar la decisión de Llanera. Pero más allá de este caso, Riera lanzó una advertencia seria a Torra, a quien reprocha su dualidad de relatos. «Con una mano vamos hacia la república y con otra hacia la autonomía. Son incompatibles totalmente», alertó Riera, no sin poner en valor la vía unilateral y señalar que las próximas maniobras del president serán observadas con lupa. El anticapitalista señaló que los cupaires guardan su tarjeta roja e indicó que «no tendrán ninguna duda en presentarla si llega el caso» para forzar la dimisión del Ejecutivo.
Mientras no se resuelve la respuesta a Llarena, los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull llegaron ayer desde Zaragoza al centro penitenciario de Lledoners. Los Mossos d’Esquadra han asumido la custodia de los exconsellers en la prisión de Brians 2 iniciando entonces su traslado hacia Lledoners, donde desde la semana pasada ya se encuentran Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
