Los juzgados de toda Catalunya continúan recibiendo este lunes denuncias por las lesiones padecidas por los ciudadanos por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil y por la inactividad de los Mossos d’Esquadra a la hora de cerrar centros designados por la Generalitat como colegios electorales en el referéndum unilateral. En Barcelona, el juzgado que el domingo estaba de guardia ha abierto decenas de diligencias de investigación, entre ellas una incoada por la denuncia presentada por la Generalitat. Lo mismo ha pasado en otra decena de localidades.

Los juzgados que han empezado a investigar los hechos ocurridos, tanto en referencia a la actuación policial como por presunta desobediencia de los Mossos, son de Barcelona, El Vendrell, La Seu d’Urgell, Lleida, Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, El Prat de Llobregat, Granollers, Mataró, Amposta y Rubí. Algunos de los jueces que han incoado diligencias contra la policía autonómica han requerido a los mandos del cuerpo información de por qué no han cerrado los colegios electorales de sus demarcaciones.

La denuncia presentada por la Generalitat la está tramitando el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona y se dirige contra los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que “han participado en actuaciones violentas y desproporcionadas en toda Catalunya, con una manifiesta perturbación de la paz pública y con un claro incumplimiento de las órdenes judiciales enviadas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”, señala. E incide que con esta actuación se impidió “el legítimo y pacífico” ejercicio de la liberta de expresión, de reunión y manifestación y el derecho de participación en los asuntos públicos. El Ejecutivo catalán considera que podrían haberse cometido los delitos de lesiones, daños en bienes públicos, coacciones y amenazas, desórdenes públicos y contra los derechos individuales.

El TSJC bloquea más accesos a internet

La jueza del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Mercedes Armas, que tramita la querella contra Carles Puigdemont por desobediencia, ha ordenado que se bloqueen todos los servicios de la Generalitat alojados en un servidor de Amazon AWS en la nube, con la intención de paralizar el recuento de los votos en el extranjero. Y es que, precisamente, este servicio gestiona la aplicación 'Registre de catalans i catalanes a l'exterior'.