El Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre 10 meses de multa y 13 años de prisión a los 12 líderes independentistas juzgadosa los 12 líderes independentistas juzgados durante cuatro meses por su participación en el 'procés'. La mayor pena en la sentencia del procésprocés, 13 años de prisión, ha recaído en el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, por ser el más alto representante del Govern del huido Carles Puigdemont a disposición de la justicia española.
Junqueras ha sido condenado a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta, mientras que Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a 12 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta. Todos ellos la condena obedece al delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía, como se adelantó este sábado.
Asimismo, condena por el delito de sedición a Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión e idéntico periodo de inhabilitación absoluta, mientra que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart lo han sido a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.
En cuanto a los tres 'exconsellers' que estaban en libertad, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros, que suman un total de 60.000 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. Ellos tres y Forn y Rull han sido absueltos del delito de malversación de caudales públicos del que también se les acusaba al no haberse acreditado gasto concreto de sus respectivos departamentos.
Misma posición
Los cuatro meses que duró el juicio no sirvieron ni para que la fiscalía ni la Abogacía del Estado modificaran su criterio. Ambas acusaciones elevaron a definitivas su petición inicial de penas, la primera, al entender que lo cometido en Catalunya había sido un delito de rebelión, mientras que la segunda lo consideraba de sedición. La diferencia entre ambas acusaciones estaba en la violencia vivida en las calles catalanas para celebrar el referéndum ilegal del 1-O y a la hora de impedir los registros acordados por un juzgado de Barcelona en la operación Anubis.
El acusar por uno u otro delito suponía en el caso de Junqueras que la fiscalía pidiera para él 25 años de prisión, mientras que los Servicios Jurídicos del Estado limitaban su petición a 12 años. En cambio, la acusación no variaba para los 'exconsellers' Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, para quienes tanto el ministerio público como la Abogacía solicitaban 7 años de cárcel por malversación.
La postura de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez quiere que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés' sirva para abrir una "nueva etapa""nueva etapa". El fallo de los magistrados, que no aprecian rebelión y optan por condenar por sedición a los principales dirigentes independentistas, debe suponer un punto de inflexión a ojos del presidente del Gobierno. Un nuevo marco en el que la Generalitat deje a un lado definitivamente la ruptura de los principios constitucionales y asuma el "naufragio de su proyecto". Si el independentismo se dirige por este camino, encontrará al Gobierno "dispuesto a contribuir al diálogo". Y si no lo hace, el Ejecutivo central, que se mantendrá "atento", piensa "garantizar el respeto a la legalidad", aplicando llegado el caso el 155 y la ley de seguridad nacional, instrumentos que Sánchez ha evitado citar este lunes.
Orden de detención de Puigdemont
El juez Pablo Llarena ha decidido cursar una orden europea de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont Carles Puigdemont, huido en Bélgica, horas después de que el Supremo haya dictado la sentencia del "procés" en la que condena a nueve acusados por sedición.
