A Cristina Cifuentes su máster le va a salir caro. Le supuso la pérdida de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando al escándalo de que le había sido regalado se sumó un vídeo en el que se la veía robando unas cremas. Ahora también le supondrá un juicio. La jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha concluido la instrucción del caso máster y propone que se la juzgue por un delito de falsedad documental.
Es al que quedó reducida la causa tras el carpetazo del Tribunal Supremo a la pieza relativa al presidente del PP, Pablo Casado, por lo que también es por el que la magistrada quiere sentar en el banquillo al catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster supuestamente cursado por Cifuentes; la profesora Cecilia Rosado, que hizo el acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta, y la exasesora de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito.
La magistrada, que da 10 días al fiscal y acusaciones para presentar sus escritos de acusación, ha tomado también otra decisión de calado: ha archivado la causa abierta contra la exministra Carmen Montón. La jueza acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra ella, «al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna».
La fiscalía había pedido el archivo al considerar que no se puede considerar responsables a los alumnos de las irregularidades administrativas que pudieran suponer los cambios de notas o convalidaciones de asignaturas que se les realizaron, puesto que ellos no son garantes de la legalidad administración.
En el caso de Montón, que se vio obligada a dimitir como ministra de Sanidad por las irregularidades que se le atribuyeron en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, «no hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica», decía el fiscal. Sus correos electrónicos demostraban que «se preocupó por conocer cuál era el contenido de las distintas asignaturas» y que mostró «interés por superarlas».
Exhibición de un acta falsa / Una situación muy distinta a la de Cifuentes, cuyas explicaciones sobre su trabajo de fin de máster «no resultaron creíbles» a la magistrada, que ve «significativo» que no conserve copia del trabajo, ni tenga borradores o correos electrónicos con Álvarez Conde, pese a que en 2012, cuando hizo el máster, era sistema de comunicación habitual.
La jueza destaca que la Delegación del Gobierno de Madrid informó de que es imposible recuperar su agenda digital, para comprobar si figuraba su comparecencia ante el tribunal para defender su trabajo, pese a que la propia Cifuentes había declarado que comprobó la anotación cuando Eldiario.es dio la noticia. «Hay indicios de que no defendió el trabajo de fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada».
De Feito la magistrada dice que trató de enmarcar en una visita de cortesía el haber ido al despacho de rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el día que salieron las noticias contra Cifuentes. Según la jueza, el único motivo de esa visita era que «en plena vorágine de la crisis vivida con ocasión de la publicación de la noticia» seguía «instrucciones de Cifuentes para realizar los actos necesarios para facilitar una solución que no perjudicara» a los intereses de la expresidenta madrileña.
A la que sí cree es a Cecilia Rosado, porque «relató muy gráficamente como recibió múltiples llamadas» de Feito «exigiéndole que hiciera el acta de defensa del trabajo fin de máster (...), anunciándole represalias» por parte de Cifuentes, «si no atendían esta petición». Su testimonio ha ayudado tanto que la jueza afirma que en su momento estaría justificado que se le aplicara una atenuante de confesión tardía o de miedo insuperable, por las «nefastas» consecuencias que no seguir las instrucciones del catedrático Álvarez Conde tenía para sus discípulas.
montón, satisfecha / La exministra de Sanidad Carmen Montón se mostró ayer satisfecha de que la jueza haya archivado las actuaciones contra ella, y dijo que la decisión confirma las explicaciones que dio en todo momento, de una manera «honesta y transparente y renunciando al aforamiento».
En declaraciones en el Congreso, Montón insistió en que la justicia ha determinado lo que siempre dijo, «que no había cometido ninguna irregularidad ni ningún delito» y «que no encuentra trato de favor».
Montón precisó que no solo el auto de la jueza, sino que también la fiscalía y la universidad corroboran sus explicaciones, en las que, según insistió, siempre quiso ser «honesta y transparente».
Recordó que decidió dimitir para no influir la acción del Gobierno y que con esa acción, además, renunciaba al aforamiento para someterse a la justicia ordinaria como cualquier otro ciudadano.
«Hoy, que todo ha terminado, estoy ciertamente satisfecha y para mí es un buen día».
Preguntada sobre si los partidos deben reflexionar sobre cuándo debe dimitir un cargo público, Montón respondió que «cada uno tiene que poner el listón en un nivel y marcar la diferencia» y dijo que en su caso ella la marcó con su dimisión. También mostró que su caso no era igual que el de Cifuentes. «Estoy tranquila, contenta y con la cabeza muy alta. A veces hay que hacerse a un lado», afirmó Montón.
