La jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha reimpulsado el 'caso Máster', centrándose en el flamante del presidente del PP, Pablo Casado. Una vez zanjada la parte relativa a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes con la declaración que prestó este lunes, la magistrada ha procedido a imputar a tres compañeras de estudios de Casado y ha reclamado un informe a la Guardia Civil sobre los cargos públicos o "especial vinculación con partidos políticos" de cinco personas, entre ellas el propio dirigente 'popular', que convalidaron créditos para obtener el máster en el curso 2008-2009.

Desde este lunes, la magistrada ya tiene constancia oficial de que Casado es diputado y, por tanto, aforado, por lo que su imputación no puede venir de su mano, sino que, si lo considera necesario, deberá elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que proceda contra él. Es lo mismo que ocurrió con Cifuentes, imputada solo un día después de que renunciara al acta de diputada tras el escándalo que supuso el propio 'caso máster' y un vídeo en la que se la veía hurtando cremas de un hipermercado madrileño.

Pero la jueza quiere conocer todos los datos antes de dar un paso tan trascendental que puede implicar el fin de la carrera de la figura emergente en el PP. Por eso, tras unos días de descanso, el mismo día en el que oía a la expresidenta reafirmarse en su versión de que hizo el máster de política autonómica que constaba en su currículum a través de trabajos, porque estaba eximida de ir a clase, aunque no encuentra el trabajo de fin de carrera, que probaría sin lugar a dudas que lo realizó, ha dictado una importante providencia en la que se centra en la investigación relativa a Casado.

AGOSTO, CLAVE

En ella procede a pedir a la Guardia Civil un informe, que debe estar hecho antes del 6 de agosto, sobre las personas que convalidaron créditos el curso que Casado hizo el máster. Quiere saber a qué se dedicaban entonces y su "especial vinculación con partidos políticos" del propio Casado, María Dolores Cancio, Susana de Valentín, Alida Consuelo Mas Taberner y María Mateo Feito. Esta última, Cancio y Mas han sido ya imputadas y deberán comparecer ante la magistrada el próximo 2 de agosto.

Según la jueza, si fueron evaluadas con trabajos y disponen de algún documento (correo postal o electrónico o cualquier otro) que lo evidencien que los entreguen. Y la petición al Instituto Armado tiene base, porque María Mateo Feito fue asesora de la Secretaría de Estado de Empleo y es hija de la asesora de Cifuentes que, según algunas profesoras, la presionó diciéndole que Cifuentes la mataría si no se encontraba la documentación relativa al máster. Por su parte, Mas Taberner fue subsecretaria de la conselleria de Cultura de la Generalitat valenciana y Cancio Álvarez es profesora de la Rey Juan Carlos.

De la lista solo Susana de Valentín ha sido citada como testigo, al iguel que otras cuatro personas (Manuel José Díaz García, Miguel Ángel García Delgado, Pablo López Agudo y Virginia Martín Vega).

El 2 de agosto ya estaban citados a declarar como imputados el director del máster, el catedrático Enrique Álvarez Conde, que se negó a declarar ante la jueza en relación con el máster de Cifuentes y en agosto deberá explicar las circunstancias del realizado por Casado, y la profesora Alicia López de los Mozos. A los dos les pide que antes de ese día aporten los trabajos que realizó el presidente del PP para ser evaluado en los 20 créditos no convalidados. A los dos se lo pide después de que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) le haya informado de que no consta ningún documento sobre ellos en sus archivos.

La magistrada quiere comparar esos trabajos con las explicaciones ofrecidas por el propio Casado a los medios el pasado 10 de abril, motivo por el que le pide a RTVE que le entregue una copia de la grabación de la comparecencia. Teodoro García, jefe de campaña de Casado, ha lamentado en Esradio que haya quien quiera “estirar” el escándalo del máster y reta a la universidad a mostrar trabajos de otros estudiantes “de hace 10 años”, informa Pilar Santos.

La jueza también ha vuelto a dirigirse a la universidad, en esta ocasión, para interesarse por un acuerdo de su Consejo de Gobierno del 3 de marzo de 2005 relacionado con las convalidades que realizó la Comisión de Posgrado en otros másteres, "a título meramente ejemplificativo", precisa.