El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón revisará este miércoles la situación personal de cuatro miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por integración en organización terrorista, después de que la Sala de lo Penal anulara los autos de prisión porque no se facilitó a las defensas "información esencial" sobre las actuaciones en su contra.

Los siete investigados pasaron a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 el pasado 26 de septiembre, tres días después de ser detenidos por la Guardia Civil en la llamada 'Operación Judas'. Cinco de ellos se acogieron a su derecho a no declarar al estar la causa bajo secreto en aquel momento y otros dos respondieron al juez y el fiscal con abogado de oficio.

Tras el trámite de prestar declaración, se celebró una vista del 505 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, la fase del proceso en que las partes alegan si conviene aplicar medidas cautelares. En este caso, la Fiscalía solicitó prisión provisional para los siete y el juez lo acordó en todos los casos, pese a la protesta de las defensas, quienes alegaron que no habían podido tener acceso ni siquiera a un mínimo de información sobre la causa para poder rebatir el argumentario del Ministerio Público.

Con los siete ya en prisión provisional, sus abogados recurrieron ante la Sala de lo Penal alegando vulneración del derecho de defensa durante aquella vista y pidiendo por ello la anulación del auto que les envió a la cárcel y, en consecuencia, la inmediata puesta en libertad.

El tribunal ha dado la razón este miércoles a cuatro de ellos -Guillem Xavier Duch, Alexis Codina, Eduard Garzón y Xavier Buigas-, pero sólo parcialmente: anula el auto de prisión porque reconoce que se vulneró su derecho de defensa al no facilitarles información esencial sobre su situación, unos datos que se les podían haber proporcionado sin vulnerar el secreto que pesa sobre las actuaciones y que según los mismos jueces, está bien acordado.

NO LES PONE EN LIBERTAD

Sin embargo, no les pone en libertad porque la Sala entiende que se repara la vulneración del derecho volviendo a la 'casilla de salida', es decir, celebrando de nuevo la vista del 505 para que el juez, ahora sí proporcionando esa información esencial a los detenidos, decida si procede o no enviarles a prisión provisional y sus defensas tengan material para alegar lo que consideren en contra.

Se da la circunstancia de que cuando este miércoles a las 12.00 horas comparezcan ante el juez, la causa ya no estará bajo secreto, pues en lo relativo a sus detenciones se alzó hace más de una semana. Además, habrán cumplido 24 horas más en prisión sin auto que lo acuerde, pues es ahí donde han pasado la noche pese a haberse declarado nulo y pese a que su condición vuelve a ser la de "detenidos", no la de presos preventivos.

No es la primera vez que se anula un auto de prisión por falta de acceso a información esencial a causa del secreto de actuaciones. En abril de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el ingreso en prisión de dos directivos del banco chino ICBC por falta de acceso a esos datos esenciales. Sin embargo, aquella nulidad implicó su puesta en libertad, cosa que no ha ocurrido en este caso.

DOS PRISIONES CONFIRMADAS

A diferencia de Duch, Buigas, Garzón y Codina, la Sala de lo Penal ha desestimado los recursos de apelación de otros dos investigados, Ferran Jolis y Jordi Ros, por lo que continuarán en prisión preventiva, según informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Ros y Jolis son los dos imputados el pasado 23 de septiembre que prestaron declaración ante la Guardia Civil, primero, y después ante el juez instructor Manuel García Castellón. También son los que en esos primeros días de detención fueron asistidos por abogados de oficio.

Según las fuentes jurídicas consultadas, el tribunal todavía no ha estudiado el recurso de un séptimo detenido, Germinal Tomás Abueso, para quien también se ordenó prisión preventiva el 26 de septiembre.