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MEMORIA HISTÓRICA

Un juez conservador frena la exhumación del dictador Franco

El Gobierno señala que el plan sigue su curso pero denuncia «obstruccionismo» del entorno. El magistrado suspende de forma cautelar la licencia urbanística para el traslado de los restos

 

Fachada principal del Valle de los Caídos. - EFE / JAVIER LIZÓN

Nuevo escollo para la exhumación de los restos de Francisco Franco. El magistrado José Yusti Bastarreche, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, suspendió ayer cautelarmente el informe técnico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía licencia urbanística para los trabajos como «obra menor».

En un auto del 25 de febrero, el juez estima el primero de los 16 recursos que diversos particulares fueron presentando desde que el consistorio, el 27 de noviembre, aprobó las obras y remitió ese informe favorable al Ministerio de Justicia, que se lo había pedido ocho días antes.

El fallo judicial alega que «se trata de remover (...) una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso» y añade que «no hace falta ser arquitecto, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura, o cualquier otro accidente».

DURO ARTÍCULO / El juez no aterriza de primeras en la polémica por la exhumación. Se manifestó en contra de la ley de memoria histórica en el 2006, en una revista académica, atribuyendo a José Luis Rodríguez Zapatero «oscuras intenciones» para «revivir, no desde el punto de vista del historiador, sino partidista, los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles». En ese duro artículo, añadía que la norma había suscitado «una de las más enconadas y agrias polémicas de carácter político en España en la que se creían superados los fantasmas de la guerra civil»

La resolución cita el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba y Enrique Porto –contratados en otro recurso por la Fundación Francisco Franco– según el cual «falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura». El juez se reconoce profano en materia de arquitectura, pero considera que «el movimiento de la losa de piedra (...) puede desestabilizar el conjunto» de la Cruz de los Caídos y su basílica.

«Es evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros», argumenta el auto, «no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación».

Un portavoz de la Moncloa considera que los recursos son «un nuevo ejemplo de obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un parlamento y un Gobierno democrático». El Ejecutivo central subraya que la resolución judicial se haya emitido «sin siquiera haber escuchado al ayuntamiento», y también que, en siete de 12 demandas que le constan, los juzgados han rechazado las medidas cautelares pedidas.

TRES DÍAS PARA CONTESTAR / El Consistorio tiene tres días para alegar. El plazo finaliza mañana jueves, día en que está precisamente prevista la celebración de un pleno municipal. La alcaldesa de San Lorenzo, Blanca Juárez, que encabeza un gobierno de izquierdas con apoyo del PSOE, no quiso comentar la resolución judicial. «Lo están valorando», es la única y lacónica respuesta que recibió este diario del gabinete de Alcaldía.

«Se veía venir», comentó el concejal de la oposición Carlos Zarco, de Alternativa Municipal Española. Su grupo ya advirtió en noviembre de que se podría producir «un aluvión de recursos» y ahora lamenta: «El personal del Ayuntamiento está colapsado con tantos informes». Son ocho los expedientes que están abiertos. Los funcionarios tienen que dar respuesta a los recursos y enviarlos a los distintos juzgados por los que se han desperdigado esos recursos.

Para el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, entidad aliada de la Fundación Francisco Franco, el «defecto básico» de la licencia municipal es «considerar obra menor lo que es una obra mayor».

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