Los jueces de Podemos desafían a Pablo Iglesias y le lanzan un ultimátum para que rectifique. Representantes de 11 comisiones de garantías autonómicas se han reunido este jueves en Madrid y han emitido un comunicado en el que exigen a la dirección del partido morado que retiren los nuevos estatutos, que consideran nulos de pleno derecho, y que revoque el expediente abierto a la presidenta de este órgano en el ámbito estatal, Olga Jiménez. Si la cúpula no rectifica, advierten, se plantean recurrir a la justicia ordinaria.

El pleno federal de comisiones de garantías autonómicas ha sido convocado por Jiménez tras que la dirección haya hecho oídos sordos al dictamen que impugna los nuevos estatutos, aprobados por la ejecutiva este mes de julio, al considerar que no se corresponden con lo aprobado por las bases en la asamblea ciudadana Vistalegre 2. La resolución (3/2017) pide que se modifiquen los artículos que considera inválidos y fue aprobada por 5 votos a favor y tres en contra.

Tras esa decisión, un miembro de la Comisión de Garantías Estatal exigió un cambio en el sistema de votación del órgano -que los suplentes no pudiesen votar- para inclinar los equilibrios y permitir que los nuevos estatutos salieran adelante. Al negarse la presidenta, pidió abrir un expediente contra ella. La ejecutiva aceptó abrir un procedimiento y se formó una nueva comisión autoelegida.

Las comisiones de garantías autonómicas denuncian que el proceso de instrucción del expediente contra Jiménez ha sido fraudulento.

Los firmantes

Las comisiones en pleno de Cataluña, Navarra y La Rioja han aprobado la resolución. Otras 8 comunidades (Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Euskadi, Canarias, Castilla-León, Asturias y Andalucia) han sido respresentadas por delegados. En estos casos, un nuevo pleno territorial tendrá que ratificar esta votación.

Aragón, Extremadura, Galicia y Murcia no se han pronunciado y no han asistido al encuentro. Cantabria se ha abstenido. La resolución ha sido remitida al la secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique y al Consejo de Coordinación (ejecutiva).

Los firmantes de la resolución de este jueves consideran que la dirección de Podemos intenta hacer una maniobra antidemocrática para controlar el partido y tener unos tribunales internos domesticados.

Insisten en que para revocar la actual comisión de garantías es necesario convocar una nueva asamblea estatal reclamada por el 20% de los inscritos y recuerdan que es un disparate la autoproclamación de un nuevo órgano.