Muchísimas cosas han pasado en el último mes. El Parlament declaró la República, Mariano Rajoy activó el artículo 155, cesó al Govern y convocó unas elecciones, Carles Puigdemont y varios 'consellers' se marcharon a Bélgica y el resto del Govern, con Oriol Junqueras al frente, acabó en la cárcel, igual que la presidenta del Parlament, aunque Carme Forcadell salió al día siguiente tras pagar una fianza de 150.000 euros. Todo esto ha ocurrido en el intensísimo mes que ha pasado ya desde que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez entraron en la prisión de Soto del Real, encarcelados el pasado 16 de octubre por sedición, acusados de ser los cabecillas de las manifestaciones del 20 de septiembre ante la 'conselleria' de Economía

Aunque a muchos se les haya podido hacer eterno este mes, difícilmente se les habrá hecho tan largo como a los presidentes de Òmnium y de la ANC. Un tiempo en el que el soberanismo no les ha olvidado. Al día siguiente de su entrada en prisión 200.000 velas iluminaron la noche en Barcelona para reclamar su libertad, cifra que se dobló el sábado siguiente, cuando 450.000 personas reiteraron una petición que se ha mantenido en todas las manifestaciones posteriores, la última el pasado sábado. Los lazos amarillos en su recuerdo se han multiplicado y se han hecho visibles en manifestaciones, pistas de básquet y fútbol o en el Parlament, donde dos grandes lazos presidieron la declaración de la efímera República catalana.

Ayuntamientos de toda Cataluña se solidarizaron con ellos, con pancartas, parones de sus actividades o declaraciones institucionales solicitando su salida de prisión. Amnistía Internacional reclamó no solo su liberación sino la retirada de los delitos de sedición contra ellos. Una petición que también trasladó la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, que acusó a la jueza Carmen Lamela de haber "construido" un nuevo tipo delictivo "diferente de los legales" en que el "alzamiento tumultuario puede ser pacífico" pero es igualmente delictivo "si persigue una finalidad política no contemplada en la Constitución vigente" como es el independentismo. De nada sirvieron estos intentos, igual que tampoco prosperaron los recursos de los abogados para excarcelarlos. Los letrados argumentaron que Cuixart medió para que la Guardia Civil pudiera salir de la conselleria de Economia. Y que desde su encarcelación se había aplicado el 155, el Ejecutivo catalán había sido cesado y se habían convocado elecciones autonómicas y que, por tanto, se desvirtuó el supuesto riesgo de reiteración delictiva esgrimido por Lamela para mandarles a Soto de Real. Pero la Audiencia Nacional rechazó estas peticiones el pasado 3 de diciembre.

Mientras sigue el debate entre si son o no presos políticos, la realidad es que siguen en la cárcel. Y, pese a que varios partidos quieran incluir la puesta en libertad de Cuixart, Sànchez, Junqueras y del resto de encarcelados por el 1-O y sus consecuencias en sus programas electorales, nadie sabe cuánto tiempo más pasarán los presidentes de la ANC y de Òmnium entre rejas. Todo por participar en una manifestación en la que no hubo ni un solo herido. A diferencia de lo que ha ocurrido en las manifestaciones del último mes en las que la ultraderecha ha vuelto a dar rienda a la violencia, sin que los autores de las agresiones hayan pasado ni un solo día en la cárcel.

ANC y Òmnium han vuelto a convocar para este jueves concentraciones ante los ayuntamientos de toda Catalunya.