Un grupo de jefes de los Mossos en Lérida estaba siendo investigado por el tribunal número 4 de su localidad por un posible delito de desobediencia el 1-O, pero las pesquisas que desde hace meses viene realizando la policía judicial en torno a ellos -especialmente la que afecta al volcado de sus teléfonos y mensajería- apunta ya a otras posibles figuras penales como la falsedad documental o la sedición. Los investigadores dan por hecho que existen indicios de que «utilizaron la fuerza mediante la instrumentalización de la sociedad civil» en aquella jornada. Les achacan el haber difundido o permitido la difusión de instrucciones e información reservada adquirida gracias a sus cargos para impedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran evitar la celebración de la consulta como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Entre los cargos policiales que se consideran ya de claro interés para la investigación están el comisario jefe Xavier Monclús, responsable de esta Región policial; el inspector Roderic Moreno, de quien dependió la sala desde la que se daban órdenes a los agentes de área el 1-O y el inspector Xavier Salvador Ribelles, responsable de Seguridad Ciudadana, aunque son muchos más los mossos (y alcaldes) que en estos momentos están bajo la lupa del tribunal. Así consta en un extensísimo informe de la Guardia Civil que entregado hace unas semanas en el citado juzgado y al que ha tenido acceso este diario.

Los investigados dejaron rastro digital sobre polémicos hechos en los que participaron, por acción o por omisión, el 1-O. También evidencias de cómo engañaron a Policía y Guardia Civil o dieron instrucciones para vigilarlos, facilitando o no evitando que asociaciones y políticos locales vinculados a la resistencia en los colegios se hicieran con datos muy sensibles. El comisario Monclús llegó a enviar un e-mail el 1-O reclamando informe de todos los movimientos de las fuerzas de seguridad.