El president del Parlament, Roger Torrent, cruzó el martes una línea roja. Esta había sido marcada por el Tribunal Constitucional y su franqueo acarrea el más que certero riesgo de acabar ante un juez. La Mesa de la Cámara catalana que él preside aprobó el voto delegado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a pesar de los claros pronunciamientos en contra del TC y el Tribunal Supremo.

La primera duda que se plantea es si ese voto delegado será empleado en el pleno de hoy. Ciutadans, PSC y PP han presentado peticiones de reconsideración.

Lo cierto es que el cambio de estatus de Puigdemont, que ha pasado de ser un ciudadano con libertad de movimientos a tenerlos restringidos, ahora en la cárcel, pero que en el mejor de los casos gozaría de una medida cautelar que le impediría abandonar Alemania, puede abrir una ventana para la investidura de un president efectivo: el plan D.

Esta restricción de movimientos, es decir, Puigdemont no acude a los plenos no porque no quiere sino porque un tribunal se lo impide, es vista por varios juristas de los partidos secesionistas mayoritarios como una situación análoga a la que tiene, por ejemplo, el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras.

El objetivo es que con los dos nuevos votos delegados se superen los 65 de Cs, PSC y PP. Para completar el plan se precisan dos cosas. Que la CUP no pase de la abstención al no y que el otro voto en el extranjero, el del exconseller Toni Comín pueda ser contabilizado.

Para ello caben dos vías, o este jueves los tribunales belgas, donde comparece el exconseller dicta medidas cautelares, con lo que estaría exactamente en la misma posición que Puigdemont, o bien Comín entrega esa acta.

¿Y quién será ese cuarto candidato? ERC ya ha señalado que apoyarán aquel que designe Junts per Catalunya. Y el sector mayoritario de la coalición electoral, el sector que rodea al líder encarcelado, apuesta por Elsa Artadi. Pero el PDECat están habiendo movimientos para lanzar otro candidato, uno de perfil senior y patricial con amplia experiencia en la política catalana.

En este sentido, el nombre del exconseller Ferran Mascarell gana enteros en las quinielas, pero su investidura requeriría varias dimisiones encadenadas de diputados, pues Mascarell no tiene ahora mismo acta en el Parlament. También sigue en liza el nombre de Marc Solsona, alcalde de Mollerussa.

La inhabilitación efectiva de los acusados de rebelión que se hallan en la cárcel o en el extranjero (Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Rull y Josep Rull) allanaría, pero no completaría (faltarían dos renuncias) el corrimiento necesario de la lista para que entrara el que fuera concejal socialista en Barcelona. Se vislumbra, por tanto, una especie de pugna interna, y se quiere que sorda cara al público, entre los puigdemontistas y el PDECat.