No habrá contraprestaciones para ETA por su anuncio de disolución, pero no se descartan tampoco los traslados de presos que correspondan a una ordinaria aplicación de la ley penitenciaria. Es la principal conclusión que trasciende de la reunión que mantuvo ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con los representantes de ocho partidos políticos para evaluar el adiós de la banda terrorista.

Zoido recalcó que tras el anuncio del fin de ETA «no hay impunidad posible. No vamos a premiar a ETA por reconocer su fracaso y su derrota». Lo repitió de formas variadas en tres ocasiones durante una intervención ante los medios de comunicación al finalizar el encuentro, mantenido en la sede del ministerio. «Los crímenes de ETA se van a seguir investigando, los terroristas van a seguir siendo detenidos y las penas se van a seguir cumpliendo», aseguró.

De todas las fuerzas que han participado en el encuentro, Unión del Pueblo Navarro (UPN) se desmarcó con una nota de discordancia advirtiendo de que no transigirá con beneficios penitenciarios. El diputado de UPN Íñigo Alli anunció que no votarán a favor de los Presupuestos Generales sin «un compromiso firmado» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no proceder a un acercamiento de los presos de ETA en los términos que propone un reciente documento conjunto de los gobiernos vasco y navarro, firmado por el lendakari Iñigo Urkullu y la presidenta foral Uxue Barkos.

Zoido aseguró que no habrá otra política penitenciaria que «la ley». Con los presos de ETA, su política es «aplicar escrupulosamente la ley», dijo cuando se le preguntó por posibles acercamientos a cárceles del País Vasco, admitiendo que en la reunión con los partidos se le inquirió sobre el tema. Su afirmación no supone un descarte rotundo de traslados de internos entre cárceles, pues esos movimientos están contemplados por la Ley General Penitenciaria. Con los etarras encarcelados, dijo Zoido, no caben más beneficios que los previstos por una legislación «aprobada con un altísimo grado de consenso», recordó como queriendo zanjar las posible discusiones.

CRÍMENES SIN RESOLVER / En una reunión tildada por Interior de «informativa» y «para afianzar la unidad en la defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo», PNV y ERC protagonizaron dos ausencias importantes. Por el PP asistieron los diputados Rafael Hernando y Carlos Rojas. El PSOE envió a Margarita Robles y Adriana Lastra. El PDeCAT estuvo representado por Carles Campuzano y Feliu-Joan Guillaumes, y Podemos por Rafael Mayoral. Por Ciudadanos acudieron los parlamentarios Juan Carlos Girauta y Miguel Gutiérrez, y por Coalición Canaria Ana Oramas. Han estado además el dirigente de UPyD Tomás Aparicio, el ya citado de UPN y representantes de Foro Asturias y Arturo Aliaga por el Partido Aragonés (PAR).

Girauta declaró que, «ateniéndose a la ley», su formación admitirá traslados de presos como una medida aplicada «de forma personalizada» y «si hay un arrepentimiento previo que debe ir acompañado de una colaboración para la resolución de crímenes sin resolver». El dirigente de Podemos recordó que, sobre miembros de ETA, aún pesan vigentes 30 órdenes de detención internacionales y 70 nacionales. El ministro Zoido cifró el número de atentados sin resolver en 354.