El Ministerio del Interior ha autorizado el envío a Cataluña de unos 600 agentes de unidades de seguridad ciudadana, los conocidos como antidisturbios, y ha suspendido traslados en el marco de un dispositivo de refuerzo similar al diseñado en los Onze de Setembre previos al 2017, año del referéndum unilateral del 1-O. El año pasado se llegaron a movilizar hasta 6.000 policías y guardias civiles en un escenario que derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La decisión no sentó demasiado bien en la Generalitat. La consejera catalana de Justicia, Ester Capella, tachó de «mala idea» y una «medida innecesaria» el traslado de fuerzas antidisturbios a Cataluña para la Diada y el 1-O. «Todos sabemos quién tiene la competencia de seguridad en Cataluña, que son los mossos. Y supongo que nadie pone en duda sus competencias», aseguró tras reunirse con la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

TRASLADO ESCALONADO / Según fuentes policiales citadas por Europa Press, el traslado de efectivos será escalonado y los agentes procederán de una decena de grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para la custodia de edificios oficiales y en previsión de posibles altercados de seguridad ciudadana. Algunos de estos agentes, procedentes de Galicia, se encuentran ya hospedados en el cuartel militar del Bruc, en Barcelona. A ellos se sumarán en los próximos días más antidisturbios, que reforzarán al centenar de agentes de los dos grupos de UIP que la Policía tiene de forma permanente en Cataluña.

El ministerio, que ha aprobado este refuerzo tras recibir sendas peticiones de mandos operativos de la Policía y la Guardia Civil, evitó dar detalles sobre el dispositivo, pero según fuentes del departamento, se trata de una serie de decisiones «ordinarias» por ser habituales año tras año. Según estas mismas fuentes, Cataluña requiere cada mes de septiembre de un despliegue policial reforzado ante la concentración de eventos con gran afluencia de público, entre ellos la Diada, que se celebra el 11 de septiembre. Precisamente, Interior ordenó el martes suspender hasta el 15 de octubre la salida de 300 guardias civiles que tenían previsto abandonar Cataluña para incorporarse de nuevo en sus destinos «Por necesidades y exigencias inherentes a garantizar la seguridad pública en este trimestre del año, en los lugares actuales de destino, se requiere que permanezca en el mismo hasta el día 15 de octubre», aduce la orden.

Este refuerzo policial se abordará hoy en la reunión de la Junta de Seguridad, que presidirán en el Palau de la Generalitat el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Y es que el primer punto del orden del día será, a propuesta del ministro, tratar la «convivencia en el espacio público», en referencia a la presencia de lazos amarillos en la calle. También se abordará dentro de este primer punto el índice de criminalidad y, según figura textualmente, el «apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias». La consejería de Interior informará de la evolución de los indicadores de seguridad, el balance de siniestralidad y la percepción de la ciudadanía de las políticas de seguridad del Govern. La Junta de Seguridad valorará además la amenaza terrorista y las demandas de refuerzo de plantilla de los Mossos.