La excepcionalidad que vive el país por la pandemia de coronavirus no ha pasado por alto otra crisis que discurre en paralelo, la de la Casa Real. La polémica por las irregularidades financieras del rey emérito, conocidas mientras la alarma obliga a toda la población a soportar duras restricciones, se han traducido en sonoras caceroladas desde los balcones, convertidos de pronto en un una especie de ágora que aplaude a la sanidad pública y expresa, también, malestar con la Casa Real. El discurso televisado de Felipe VI, el miércoles, pidiendo a la sociedad que permanezca unida y que aguante, no consiguió zanjar la controversia, que llega a la arena política.

Pablo Iglesias trató de surfear ayer la espinosa pregunta de qué le parecen esas protestas, mientras ofrecía una rueda de prensa virtual en condición de vicepresidente segundo, desde la Moncloa. «En este país hay libertad de expresión. Cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando, por supuesto, las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este Gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. Como responsable político de Unidas Podemos mi posición es conocida, pero aquí estoy compareciendo como miembro del Gobierno de España», resolvió.

La respuesta de Iglesias evidencia el complejo equilibrio entre mantener su papel institucional y reafirmar su malestar, al frente de los morados, por la actuación del rey Juan Carlos. Asumir esa contradicción se augura complejo y así se evidenció.

Podemos había participado el pasado 10 de marzo con otros grupos en una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que se reclamaba una comisión de investigación para esclarecer por qué el Rey emérito era beneficiario de una fundación offshore donde se ingresó una supuesta donación de 65 millones provenientes de Arabia Saudí.

DESAPERCIBIDO/ La propuesta parlamentaria no prosperó porque el PSOE, el Partido Popular y Vox lo evitaron con sus votos en contra en la Mesa. Ayer, una iniciativa similar volvió a quedar registrada en la Cámara baja, pero en esta ocasión, Unidas Podemos no se unió al resto de grupos impulsores (ERC, PNV, JxCat, EH-Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG).

Hasta ahora, el Congreso, gracias a los votos del PSOE y los populares, ha rechazado siempre investigar a la Monarquía, bajo el argumento, avalado por los letrados de la Cámara baja, de que el artículo 56 de la Constitución señala que «la persona del Rey es inviolable y no esto sujeta a responsabilidad», una norma que también se haría extensible al monarca emérito.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, prestó atención al paso atrás de Podemos en la iniciativa cuando habló de «curiosas ausencias». El republicano volvió a reclamar que se investigue «hasta el último euro de los business con sátrapas saudíes» y subrayó que la pandemia no puede usarse como cortina de humo para «tapar las vergüenzas».

Aunque Unidas Podemos no se sumó a la petición de los partidos soberanistas de que se abra una investigación parlamentaria, el coportavoz de la formación morada, Rafael Mayoral, apuntó que «más tarde o más temprano la gente tendrá derecho a conocer la verdad y a conocer qué es lo que ha ocurrido. «Ninguna institución puede estar por encima del escrutinio público en una democracia», argumentó en declaraciones a RNE.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del PP, consideró «profundamente irresponsable alentar debates que lo único que hacen es dividir» y emplazó en su lugar a emocionarse «con los héroes, no con las cacerolas». Su grupo reclamó al presidente que muestre públicamente su apoyo a la Corona y que respalde a Felipe VI tras el discurso.