Ya hay acuerdo en el Gobierno de coalición para prohibir los desahucios. Pablo Iglesias y Jose Luis Ábalos han pactado que mientras dure el estado de alarma se paralizarán los lanzamientos de familias en situación de vulnerabilidad siempre que no haya una alternativa habitacional, aseguran fuentes de la vicepresidencia segunda. El líder de Unidas Podemos y el ministro de Transportes han llegado a este entendimiento después de varias semanas de roces.
La polémica interna en el Ejecutivo generada por la enmienda que registró Unidas Podemos junto a ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios se cierra así con el compromiso de la coalición de frenar todos los lanzamientos hasta el 9 de mayo, cuando vencerá el estado de alarma. La condición será que se trate de familias vulnerables y que "no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna".
Sin embargo, el acuerdo entre socialistas y morados no contempla la prohibición de cortar los suministros a estas familias. Esta era una de las exigencias que Unidas Podemos planteó en un principio en la enmienda registrada. No obstante, el pasado jueves, Iglesias ya anunció que el Gobierno pondría en marcha una medida en los próximos 15 días para frenar los lanzamientos, pero no incluyó los cortes de luz, agua y gas.
Trabajo autonómico
Según explican fuentes de la vicepresidencia dirigida por Iglesias, las comunidades autónomas serán "las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional que será siempre una vivienda digna". En este punto, las mismas voces subrayan que esta opción no podrá ser, por ejemplo, un albergue. De esta forma, insisten en que los desahucios no podrán realizarse mientras no haya "asegurado y garantizado un realojo".
También afectará a aquellas familias "en precario" que estén en una vivienda de un gran tenedor, es decir, propietario de más de una decena de inmuebles. En este caso, las autonomías tendrán "un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para estas familias".
Sobre quién determinará la situación de vulnerabilidad, Iglesias y Ábalos han acordado que los tribunales deberán solicitar de manera obligatoria un informe vehiculante a los servicios sociales siempre que los afectados por el desahucio aleguen estar en una posición de vulnerabilidad.
