La Guardia Civil está investigado los viajes que altos cargos y responsables de área de la Conselleria de Vicepresidència, Economia i Hisenda hicieron entre octubre del 2016 y enero del 2017 a varios países europeos para la creación e implementación de una administración tributaria catalana como estructura propia. Según el instituto armado, al haberse pagado esas estancias con dinero público podría existir un delito de malversación de caudales. Entre los investigados figura el actual vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, entonces secretario de Economia.
Así lo expone en un nuevo informe remitido al juzgado de Barcelona que instruye la causa por los preparativos del 1-0 y la organización de las denominadas estructuras de Estado. Los agentes detallan en su escrito que el objetivo es averiguar el gasto público que el Gobierno catalán realizó en los últimos años para "dimensionar" la Agència Tributaria Catalana y de esta forma tenerla preparada ante una posible independencia.
Los gastos más relevantes, a su entender, son: el alquiler y equipamiento de las oficinas que esta entidad abrió por todo el territorio, el desarrollo de los sistemas informáticos necesarios para la gestión y recaudación de impuestos y, por último, la dotación del personal necesario para que el sistema funcionara.
Los investigadores añade ahora a esta partida los viajes que realizaron altos cargos de la Administración autonómica a Irlanda, Flandes, Londres, Noruega y dos a Eslovenia. En algunos de ellos participó el ahora 'conseller' Aragonès, el exsecretario de Hacienda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó, y la directora general de Análisis, Natàlia Mas Guix. Por eso, la Guardia Civil ha solicitado al juez que requiera a la Generalitat documentación sobre esos traslados al extranjero, la memoria justificativa del motivo de los viajes, su coste y la función desarrollada por cada uno de los asistentes.
Informática y catastro
Otra de las nuevas vías de investigación se centra en la confección del programa informático utilizado por la Agència Tributaria Catalana. Por ello, la Guardia Civil considera necesario que se reclame a dos empresas informáticas documentación sobre esa aplicación, desde desarrollo hasta facturación si es que existe. Asimismo, los agentes han ampliado las pesquisas al Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya, entidad a la que se pretende requerir para que aporte datos sobre la creación de un castastro para la Generalitat.
