El juez Carlos Ramos y el fiscal anticorrupción José Grinda han desplegado este martes con la Guardia Civil una amplia operación para encontrar pruebas contra el diputado catalán Germà Gordó (antes de Junts pel Sí, ahora no adscrito), al que se le atribuye haber contactado con empresarios para exigirles comisiones ilegales para la extinta Convergència, de la que había sido dirigente. El magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha autorizado que agentes del instituto armado y el fiscal acudieran al Parlament, a la ParlamentConselleria de Justícia. El Gobierno catalán ha entregado la agenda oficial, pero no la personal, que era la que se buscaba. El parlamentario será interrogado el lunes en calidad de investigado.

En el Parlament, la conselleria y el Palau, se ha requerido la entrega de información, mientras que en la sede del CTTI en L'Hospitalet de Llobregat se ha practicado una entrada y registro para poder acceder, a través de los servidores de la Generalitat, a los correos electrónicos que tiene o ha tenido Gordó desde que ocupó el cargo de secretario del Govern. Sin embargo, el objetivo principal era encontrar su agenda informática para contrastar su información con los documentos incautados a otros investigados por el 'caso 3%' y que, según los investigadores, desvelan que el parlamentario hizo de intermediario, presuntamente, con varias empresas para que la Generalitat concediera licitaciones a cambio de "donaciones" a dos fundaciones vinculadas a CDC, CatDem y Fòrum Barcelona. Algunos testigos que realizaron anotaciones manuscritas relativas a Gordó usando un nombre supuesto (Gregorio o Gerardo) han precisado que se referían a él.

La búsqueda de la agenda o las agendas de Gordó ha sido lo prioritario. Y es que la Generalitat, según consta en la causa, contestó en su día a las peticiones de la justicia de que no constaba en sus archivos la agenda oficial del diputado en la época en que ejerció como secretario del Govern (diciembre del 2010 a diciembre del 2012), ni que dicho documento esté en formato electrónico, "al haberse eliminado el buzón del servidor departamental debido a una migración de datos". La Guardia Civil, por orden del juez, ha querido comprobar in situ si eso era así y si podía hallar otras pruebas que incriminen a Gordó.

La agenda oficial de cuando Gordó era secretario del Govern se ha encontrado en la Generalitat y entregado a los guardias civiles personados en el Palau. Los agentes han pedido también la relación del personal administrativo que estaba bajo sus órdenes en esa época. Por indicaciones del 'conseller' de Presidència, Jordi Turull, se ha hecho esperar a los guardias y al fiscal Grinda en la sala de espera de la puerta principal mientras se buscaba el material, entregado en un lápiz de memoria. El president, Carles Puigdemon, ha sido informado puntualmente de la evolución de los acontecimientos.

SIN RASTRO EN JUSTÍCIA

El exconseller de Justicia no dejó rastro de su agenda de actividades ni de su libro de visitas tras su paso por el departamento, por lo que la Guardia Civil solo ha podido llevarse del edificio de la calle Casp el registro de actos públicos y protocolarios a los que asistió y la relación de personal cuando ocupó el cargo (2013-2016). A los cinco agentes de la Guardia Civil de paisano no se les ha podido facilitar el registro de visitas porque en ese periodo no había. Si había una agenda personal, no consta en el departamento. La Guardia Civil ha esperado la entrega de los documentos en una sala de reuniones de la primera planta.

La Guardia Civil y el fiscal también se han personado en el Parlamento catalán y han estado en el Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad. La intención de los agentes era tener acceso a los ordenadores de Gordó y, como los diputados no los tienen de sobremesa sino portátiles, decidieron no entrar en su despacho. Eso sí, han clonado el correo electrónico corporativo del diputado. En el momento en que los agentes han accedido al edificio estaba reunida la Mesa del Parlament. La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, no ha permitido a los guardias entrar con armas en el edificio, pues está prohibido.