En el juicio del 'procés' se han sucedido los guardias civiles que asistieron a los registros del 20 de septiembre de 2017 o participaron en alguna diligencia de investigación, como la revisión de las comunicaciones que mantuvieron los Mossos d'Esquadra. El comandante encargado declaró ante el tribunal que, según se desprende de estos audios, la Policía de la Generalitat recibió "una orden que tenía prioridad sobre cualquier otra": informar sobre los movimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el 1-O.

A partir de las grabaciones de los agentes con el centro de mando, el testigo explicó que hubo órdenes que "tuvieron que ser dadas verbalmente", como el carácter prioritario de informar sobre los movimientos de los agentes de los otros cuerpos, extremo que fue negado ante el tribunal por el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que trató de enmarcarlo en la información que debe incluirse en las actas levantadas en cada centro de volación. Pero el testigo habló de seguimientos a convoyes, "placas de matrículas de vehículos camuflados que se comprobaba si eran de la Policía o de los Mossos" e, incluso, se llegaron a pedir fotos por la emisora. A través de estos audios, también se ha sabido que parejas de Mossos (binomios) comunicaron que en algunos colegios la estrategia para evitar su cierre era colocar a niños y personas de edad avanzada en primera línea.

Unidad de acción

El testigo, además, analizó los correos de Joaquim Forn. Sostuvo que gracias a ellos se podía deducir "una unidad de acción entre los responsables del cuerpo y el mayor" Trapero. Destaca que en uno del 26 de septiembre de 2017 se mencionan por vez primera "los principios de actuación" del cuerpo, con especial importancia a la "convivencia ciudadana". A preguntas de la defensa del 'exconseller', el testigo negó haber encontrado algún correo con instrucciones al 'major'.

Su declaración, al igual que las de los otros guardias civiles, osciló entre la de un testigo y la de un perito, lo que volvió a suscitar protestas por parte de la defensa y la promesa del presidente del tribunal, Manuel Marchena, de que solo se tendrá en cuenta la prueba practicada en el propio juicio oral. Andando por esa cuerda floja el comandante desgranó los correos que entendía señalados, como uno del comisario Manel Castellví de finales de septiembre, que Trapero reenvió a Forn, en el que mencionaba que ya había locales que serían centros de votación, "que ya estaban ocupados, y que había un llamamiento de la ANC y de Òmnium Cultural para que se fueran a custodiarlos". Añadía que "la CUP había dicho que las Fuerzas de Seguridad iban a encontrar muros humanos y que no descartaba acciones combativas". Era la línea en la que el propio Castellví admitió ante el tribunal que había advertido al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Pareja de mossos

Antes el brigada que dirigió el registro de la nave de Bigues i Riells en la que se intervinieron 10 millones de papeletas y 16.000 sobres con material electoral para el 1-O, y en la que situó unos días antes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, había relatado cómo el letrado de la administración de justicia salió del edificio en un ambiente "totalmente hostil", que se aquietó cuando una pareja de Mossos se dirigió al joven que parecía organizarla. "Ya está. Ya hemos cumplido. No vamos a darles lo que buscan: imágenes de violencia y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra", dijo a los congregados.

También analizó correos de Trapero y Forn, entre los que destacó uno del comisario de delincuencia económica al mayor en el que dice que el exsecretario de Hacienda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó proponía que en un escenario futuro los Mossos asumieran "competencias plenas" policiales y en aduanas. En un documento de 2015 que se le intervino se decía que para tener un Estado propio los Mossos tendrían "un papel importante, para el que debían adaptar la organización actual para asumir ciberseguridad y una agencia de inteligencia catalana".

Hasta habló de una reunión de junio de 2016, a la que asistieron Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Marta Rovira y Raül Romeva, en la que, como "el Estado español no está respondiendo, deciden optar por vía unilateral" y advierten del "especial cuidado" que debía tenerse con "la Intervención General del Estado, la administración local y los Mossos".

Los demás testigos parecieron perdidos entre montañas de correos entre los que entresacaron apenas una decena por acusado, en los que prácticamente no podían aportar más que su contenido textual. Ni siquiera quién los enviaba, como demostró uno remitido a Jordi Sànchez en el que se le proponía usar vehículos para bloquear colegios como los payeses usan sus tractores.