Fue prolífico ante el juez y había ciertas expectativas de que en el Congreso pusiese en marcha el ventilador por la financiación irregular del PP. No lo hizo. Francisco Granados se blindó ayer en su soberbia y no soltó prenda. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre y que hace un mes implicó a la presidenta madrileña Cristina Cifuentes en la caja b del PP no añadió una coma a lo que había declarado ante los tribunales. Respondió con desprecio a los diputados de la comisión de investigación que le interrogaron. Se enzarzó en rifirrafes envueltos en desdén. Se negó a contestar a Bildu. Y demostró que, para no aportar nada, había preparado a fondo su comparecencia. Más que defenderse, atacó: zurró a cada portavoz en la herida que más iba a doler.

Granados evitó abundar en lo declarado ante el juez y se parapetó en el «respeto» a la investigación judicial para no aportar más datos contra Cifuentes o el PP. Cuando le preguntaron por qué sugirió al magistrado que llame a declarar a la presidenta madrileña respondió que así como investigada podrá «salvaguardar mejor sus derechos» y que lo hizo «sin ánimo de atacar ni criminalizar absolutamente a nadie». No añadió una palabra más sobre Cifuentes, a pesar de que a la entrada en el Congreso un secretario judicial le notificó la citación por la querella presentada por la presidenta después de que la incriminase, y desvinculó la trama Púnica de la financiación del PP.

Se presentó como la «víctima de un error», «no de un complot», y negó la financiación irregular de su partido. «Jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido, ni a nivel regional ni estatal, ni esos sobres a los que ustedes se refieren de manera recurrente», aseguró.

Y repartió estopa portavoz a portavoz. Como cuando el representante de Podemos, Íñigo Errejón, le preguntó a qué atribuía su caída en desgracia en el partido, respondió: «Cosas de la política. ¡Qué le voy a contar a usted, señoría!».