El ex secretario general del PP de Madrid y principal imputado del caso Púnica, Francisco Granados, procedió ayer a aportar a la Audiencia Nacional por primera vez supuestas pruebas de la financiación irregular del Partido Popular en la comunidad madrileña. En el tercer episodio de su declaración ante el juez Manuel García Castellón, Granados entregó facturas, con las que supuestamente se pagaron gastos electorales del partido, que dice haber encontrado en la Consejería de Justicia cuando sustituyó en ella a Alfredo Prada.

Según Granados, en el PP madrileño no se realizaba un gasto por pequeño que fuera sin que lo supiera la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que responsabiliza junto a su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de la financiación ilegal del partido. El imputado llegó a decir que ambos autorizaban «gastos sin control» durante las campañas que luego cargaban a la Comunidad de Madrid. Pero tuvo especial cuidado en separar estas prácticas del PP madrileño del partido a nivel nacional, lo que justificó en la mala relación mantenida desde hace años entre Aguirre y Mariano Rajoy.

Las facturas aportadas, que Granados dijo que guardaba en casa, pese a que no fueron encontradas por la Guardia Civil en los registros en el inmueble realizados a lo largo de la instrucción, están libradas a Ginso -asociación dedicada a la integración social de menores y que recibe subvenciones de la Consejería de Justica- por la empresa del expresidente de Telemadrid Álvaro Renedo y el periodista ya fallecido Germán Yanke.

Según fuentes jurídicas, el exalcalde de Valdemoro insistió ante el juez en la amistad existente entre Aguirre y Renedo y añadió que en la factura constaba un trabajo sobre la situación de los menores en la Unión Europea para cuya realización la empresa carecía de medios. De ahí que entienda que fueron utilizadas para ocultar la financiación irregular del partido, ya que fue la Comunidad de Madrid la que habría abonado esos gastos electorales.

Como en anteriores declaraciones, Granados trató de desvincularse de cualquier responsabilidad sobre estas prácticas corruptas que ahora denuncia. Aseguró que la relaciones con los alcaldes y concejales del partido en la Comunidad dependieran Cristina Cifuentes y Jaime González.