El Govern de la Generalitat ha emitido una nota en la que afirma que se mantendrá la pancarta en favor de los presos independentistas y "exiliados" junto al símbolo del lazo amarillo. El 'president' Torra ha presentado un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que le obliga a retirar los símbolos soberanistas, en concreto, los lazos amarillos y esteladas, de todos los edificios públicos, cara a la campaña de las elecciones generales del 28-A.
En el recurso, Torra apela a la libertad de expresión y a la "dificultad legal" de cumplir el requerimiento, sostiene que la estelada no es un símbolo partidista y recuerda que el Parlament ha votado en el pasado en contra de la supresión de los lazos amarillos.
LA EVOLUCIÓN DEL RELATO
La posición del Govern en relación a este conflicto ha ido evolucionando. El martes de la pasada semana, tras la reunión del Govern, la portavoz y 'consellera' de Presidència, Elsa Artadi, sostenía en rueda de prensa que "en absoluto" se planteaba retirar la simbología. En la sede de varios Departamentos de la Generalitat cuelgan lazos amarillos y símbolos en defensa de los presos indepedentistas y del balcón del Palau de la Generalitat cuelga desde hace semanas una pancarta en defensa de la libertad de "presos y exiliados" en la que se exhibe el símbolo del lazo amarillo.
Tras la primera respuesta de Artadi, y a preguntas de Ciutadans en la sesión de control al Govern en el Parlament, el titular de Exteriores Jaume Bosch, eludía responder en concreto a la pregunta de si se mantendrían los lazos amarillos. Bosch hizo un alegato contra la "censura" y en defensa de los derechos y libertades, y criticó la situación de los presos independentistas y los desplazados al extranjero.
Finalmente, este martes, al conocerse la resolución de la JEC, Artadi prometía que la Generalitat presentaría un recurso y que mantendría una actitud "combativa", si bien tampoco detallaba si se mantendrían o no símbolos como la pancarta del Palau. Artadi dejaba la decisión definitiva en manos del 'president' Torra, que la tomaría tras elevar una consulta a los servicios jurídicos de la Generalitat.
En paralelo, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la titular de Justicia, Dolores Delegado, han advertido en los últimos días de que el Ejecutivo español dispone de mecanismos para hacer cumplir la resolución de la Junta Electoral y advirtiendo de las consecuencias de desacatar la orden. Una resolución criticada por el 'expresident' Carles Puigdemont, que la ha calificado de "arbitraria" y "politizada", alegando que la simbología no pertenece a ningún partido. Puigdemont ha sugerido la posibilidad de que el caso sea el intento de llevar a cabo una "construcción" de otro caso de desobediencia, en esta ocasión contra el 'president' Torra.
