El Consejo de Ministros tiene previsto analizar este viernes un real decreto para proteger al sector del taxi frente a nuevos operadores de transporte urbano como Uber y Cabify. A propuesta del Ministerio de Fomento, el Gobierno estudia elevar a rango de ley que solo pueda haber un VTC (licencia de vehículos con conductor, con las que operan estas nuevas compañías) por cada 30 taxis, así como la limitación que obliga a estos vehículos a realizar el 80% de sus trayectos dentro de la comunidad autónoma donde están registrados.
Las dos medidas abocan al departamento dirigido por Iñigo de la Serna a elevar el conflicto que le enfrenta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde el 2015. Dichas limitaciones estaban incluidas en el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) de aquel año, que el organismo regulador presidido por José María Marín Quemada recurrió ante el Tribunal Supremo.
La CNMC considera que el reglamento del Ejecutivo restringe la competencia y limita la capacidad de elección de los usuarios. El caso quedó visto para sentencia el pasado martes. Pero el Gobierno ha querido adelantarse a una posible dictamen contraria a sus intereses y por eso ha elevado a rango de ley las controvertidas limitaciones a los VTC.
No el único frente que tienen abierto: el regulador también ha recurrido ante el Supremo los nuevos requisitos que el Ejecutivo aprobó en diciembre del 2017 para los VTC. En este caso, se trata de la prohibición de vender las licencias en los dos años posteriores a su consecución y la obligación de dar cuenta en un registro público de todos los servicios de transporte que realicen para constatar que se ajustan a lo establecido en la legislación.
Aplauso del taxi
La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha revelado que ha mantenido una reunión con De la Serna esta mañana y ha aplaudido el proyecto de Fomento, que a su juicio "pretende estabilizar el mercado y que exista una competencia más leal" para después "ir avanzando en otras medidas procompetitivas" en el sector del transporte de pasajeros con conductor en vehículos de hasta 9 plazas.
De no aprobarse, asegura la organización de taxistas, una posible sentencia del Supremo contraria a la posición del Gobierno "podría haber dado acceso a nuevas miles de licencias VTC e inundar el mercado". Tras su posible aprobación, el Ejecutivo trasladará la norma al Congreso para obtener el respaldo de la Cámara y con rango de decreto ley. El plazo para obtener la aprobación de la cámara es de 30 días desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
