Una pequeña funeraria de Guadarrama, localidad de la Sierra de Madrid, es la opción de Patrimonio Nacional para realizar los trabajos de extracción de los restos de Franco de su actual emplazamiento en el Valle de los Caídos, según fuentes del organismo, dependiente de Presidencia del Gobierno. Se trata de la sociedad limitada Servicios Funerarios Nuestra Señora de La Jarosa, que administra el tanatorio de San Lorenzo de El Escorial, y que tiene sede en el vecino pueblo de Guadarrama. Las fuentes de Patrimonio consultadas defienden la elección como «la más lógica, por cercanía».

El Gobierno confirmó que incluirá en la agenda del próximo Consejo de Ministros el decreto de exhumación de Franco. Fue el presidente Pedro Sánchez quien, a primera hora ayer, dio orden de que se incluyera.

El Ejecutivo estudiará conceder, en el decreto de exhumación, 15 días de plazo a la familia Franco para que señale el lugar de reinhumación. Esa concesión se hará «con el fin de mantener las máximas garantías en el procedimiento para los familiares», informan en la Moncloa.

El Gobierno considera que existe «una imposibilidad legal» de reinhumar a Franco en la catedral madrileña de La Almudena, porque «supondría evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad en la catedral y su entorno».

Desde Moncloa se aseguró que, transcurridos los 15 días, «se procederá a la ejecución material del acuerdo». Pero estos son los plazos administrativos. Los judiciales son otros. El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, va a recurrir todo el contenido del acuerdo ante la Sala III del Tribunal Supremo, la que entiende de jurisdicción contencioso-administrativa. Para hacerlo, la legislación en materia de contencioso le da dos meses a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, aunque el letrado podría no agotar ese plazo de presentación del recurso.

Además, Utrera-Molina solicitará al Tribunal Supremo que eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre los supuestos de violación de la intimidad personal y familiar de los Franco, derechos religiosos y una supuesta ausencia de la «extraordinaria y urgente necesidad» que motiva el decreto-ley que puso en marcha el proceso.

Las fuentes consultadas de Patrimonio Nacional prevén la participación de cuatro peones de mantenimiento, personal de la entidad, que hacen trabajos habitualmente en los monumentos de San Lorenzo de El Escorial.