El Gobierno central tiene sobre la mesa un plan con medidas jurídicas y «coercitivas» para evitar la convocatoria del referéndum sobre la independencia de Cataluña. El aviso llegó ayer en los pasillos del Congreso en fuentes de la Moncloa que pidieron anonimato. Horas después, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunió con Inés Arrimadas en la Cámara baja y al acabar se vio rodeada de periodistas que le pidieron información más detallada sobre esas «medidas coercitivas», pero la impulsora de la llamada operación diálogo se escabulló sin desmentir la información. Dejó todo el protagonismo a su segundo en Administraciones Territoriales, el secretario de Estado Roberto Bermúdez de Castro, que en rueda de prensa afirmó que el Ejecutivo tomará las medidas «proporcionales» a los pasos que vayan dando los independentistas.

¿Puede garantizar que las urnas no se van a poner? «Yo de lo que estoy seguro es de que el referéndum no se va a celebrar», respondió Bermúdez de Castro. «Cada vez que ellos han tomado una decisión ilegal, al día siguiente el Gobierno actúa», subrayó en otro momento. Las fuentes de la Moncloa que habían hablado poco antes explicaron que el Gobierno central ha diseñado una respuesta global con la ayuda de los ministerios de Presidencia, Interior y Educación, entre otros, para estar preparados ante cualquier escenario que plantee la Generalitat de Carles Puigdemont.

Mariano Rajoy no está dispuesto a dejar que se celebre un referéndum soberanista defendido y organizado por el Ejecutivo catalán, a diferencia del 9-N del 2014 que gestionaron varias asociaciones. Por eso, ante los mensajes de la Generalitat de convocar una consulta antes del verano, la Moncloa ya ha pensado en las actuaciones que debería poner en marcha para evitar la colocación de las urnas y una de ellas sería precintar los colegios y «hacerse con las riendas de la Consejería de Educación para impedir el acceso a los mismos». «La democracia no se puede precintar, ni dejaremos que se precinte», respondió el presidente catalán en Twitter.

EL ARTÍCULO 155 / En los momentos de más tensión entre Madrid y Barcelona estos últimos años siempre ha surgido la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, conocido como el de la suspensión de la autonomía. El Ejecutivo lo ha utilizado como amenaza directa en muy contadas ocasiones pero muchas otras veces hace referencia a él entre líneas. Fue el caso de este miércoles. El día fue largo en el Congreso de los Diputados y el desafío soberanista también se trató en el hemiciclo en la sesión de control al Gobierno. La vicepresidenta respondió una pregunta del diputado Joan Tardà sobre qué respuesta va a dar el Ejecutivo central a la voluntad «firme y mayoritaria» del pueblo catalán a convocar un referéndum. Sáenz de Santamaría contestó: «La respuesta va a ser el respeto al mayor consenso político y social de toda Cataluña y de España que es la Constitución española, que ampara nuestra democracia, protege los derechos de todas las personas y pone freno a los abusos de los gobernantes».

Por su parte, Podemos reclamó un debate serio sobre el referéndum catalán, al tiempo que calificaba de «bravuconada» la advertencia del Gobierno central.

Fuentes del Gobierno explicaron que la actitud del Ejecutivo es una muestra de la «decepción y preocupación» por la falta de gestos de las instituciones y partidos soberanistas catalanes ante la oferta de diálogo que han estado planteándoles.

En las próximas semanas se podrá comprobar si la operación encabezada por Sáenz de Santamaría queda definitivamente suspendida o, como decía en privado un miembro del Ejecutivo central, Puigdemont encuentra una excusa para romper con «la radicalidad» (de la CUP) y se rebaja la tensión.