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MEMORIA HISTÓRICA

El Gobierno del PSOE planea una búsqueda masiva de fosas

Una proposición de ley prevé crear un banco nacional de ADN de fusilados. El texto prohibirá enterrar a Franco en lugares donde pueda ser homenajeado

 

Restos de 60 fusilados de la represión franquista en una fosa común 113 del cementerio de Paterna (Valencia). - MIGUEL LORENZO

Si el dueño de una finca en cualquier punto de España descubriera en su terreno una fosa común de la guerra civil y no informara a las autoridades, estas podrían multarle con hasta 10.000 euros. Y si, por ejemplo, para construir una casa ese propietario destruyera o tapara la fosa, la multa sería de 100.000.
Lo prevé la proposición de ley de memoria histórica y democrática que el PSOE registró en el Congreso el 19 de julio, 83 aniversario del inicio de la guerra, y con el Ejecutivo en funciones. La iniciativa pasó desapercibida en el fragor de la fallida investidura de Pedro Sánchez.

Si vuelven a gobernar los socialistas, esta ley complementaria de la actual de memoria histórica incorporaría al ordenamiento 19 artículos con novedades como un cuadro de sanciones y un mandato al Estado para que sea este, y no solo las familias, el que busque sistemáticamente a los desaparecidos de la guerra y la dictadura. El Estado se vería asistido por un consejo de la memoria.

De hecho, la ley manda hacer planes cuatrienales de búsqueda de fosas, con publicación de resultados en el BOE, previa creación de un banco nacional de ADN, para cotejar con el de los huesos encontrados, y un censo nacional de víctimas. En él no solo estarían los fusilados, también «los que sufrieron cárceles, exilio, depuración, las personas represaliadas por su condición sexual, de género, las que sufrieron tortura en los campos de concentración, guerrilleros, niñas y niños sustraídos».

EL DÍA DEL RECUERDO 

La proposición señala el 31 de octubre como día «de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura». Además, prevé que se imparta en las escuelas «el conocimiento de la historia democrática española». Pero la didáctica iría no solo a los escolares; se abriría a todos con la creación de los lugares de memoria. Paredones como el de Paterna (Valencia), barrancos de retaguardia como la sima de Urbasa (Navarra), cunetas como las de la carretera Málaga-Almería, rincones de cementerios como las tapias de La Almudena (Madrid) y cárceles como el Seminari Vell de Lérida podrían serlo.

La ley propuesta define lugar de memoria como «aquel espacio en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de estado de julio de 1936...». Un lugar especial de memoria, Cuelgamuros, cambiaría de marco, previa extinción de la actual Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

ACUSADO DE TORTURAS 

El texto responde al caso del policía José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, múltiple acusado de torturas que goza de medallas pensionadas. El proyecto prevé que las condecoraciones a policías y guardias civiles se retiren en caso de sentencias por torturas.

En la propuesta destacan aspectos llamativos, como la eliminación de los títulos nobiliarios concedidos por Franco, una treintena. Pero contiene enunciados de más enjundia. Entre ellos, la recuperación del expediente de jurisdicción voluntaria «relativo a declaraciones judiciales sobre hechos pasados». En este tecnicismo se basa el auto de un juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que, en el 2017, ordenó exhumar en el Valle de los Caídos a petición de cuatro familias. Si la proposición prospera, cualquier familia, previa aprobación por un juzgado de primera instancia, podrá recuperar los restos de sus parientes si es técnicamente posible, y sin recorrer el actual laberinto burocrático municipal y eclesiástico.

La propuesta contiene un artículo, el 19, para Franco. Está redactado a la vista del trabajoso pulso librado por el Gobierno con la familia. «Los restos mortales de Francisco Franco no podrán ser ni permanecer inhumados en ningún lugar de acceso público que (...) pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación del golpe militar de 1936», dice el artículo, que pide un lugar de inhumación propicio «para impedir la realización de actos de exaltación» y, a la vez, con condiciones «de dignidad y respeto».

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1 Comentario
01

Por Tío Ethan 10:47 - 12.08.2019

Estamos locos. Europa entera en una enorme fosa común con historias aterradoras, igual de crueles o peores y nadie plantea algo similar. Todo el reconocimiento a aquellos que cayeron, absolutamente todo, pero seguir reabriendo heridas por segundas y terceras generaciones es generar dolor y frentismo eternamente.